Francisco Gómez Maza
El CDHFrayba interpela al gobierno morenista
Tsotsil lleva 13 años injustamente encarcelado
Ay Chiapas. Podrías haber tenido mejor suerte. Podrías no haber sido el objeto del atraco, el objeto de la explotación inmisericorde, el lugar donde violar los derechos humanos es patente de corzo. Cada sábado 14 de septiembre los políticos dicen que conmemoran la “anexión” – ellos le llaman federalización; yo le llamo agandalle – de Chiapas a México y nunca reconocen que Chiapas pasó de ser objeto de deseo a víctima de violación física, mental y espiritual.
Pero en Verdad, Chiapas ha sido y es el botín de los políticos y de los potentados y un infierno para los desheredados de este mundo, particularmente los indios. Los mexicanos tendrán que hacer mucho para que cada chiapaneco, a 200 años de la anexión, tenga el orgullo de ser mexicano. Ahora, si usted se lo pregunta, le dirá que sí, pero con una profunda tristeza y rebeldía, porque ha dado todo a México (lo han atracado, despojado, los políticos de la federación) y de México ha recibido muy poco y lo que ha recibido es para los amigos del presidente, del gobernador o del munícipe.
Pero lo que más duele es que maltraten a los chiapanecos más abandonados; los que sobreviven a pesar de todo; los pobres de los pobres; los dueños de los valles y las tierras fértiles, y los ríos que fueron desplazados y echados a las laderas de los montes. Duele que los poderosos violen cotidianamente sus derechos, aunque estén garantizados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
El más reciente y emblemático caso es el denunciado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esa defensoría fundada por el recordado obispo jTatic Samuel Ruiz García: Juan de la Cruz Ruiz, indígena tsotsil, sobreviviente de tortura, que debió de haber sido liberado hace más de 3 años debido a una recomendación de libertad, pero que el gobierno del estado, ahora en manos del “izquierdista” Movimiento encabezado por López Obrador, lo mantiene “secuestrado” en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 en San Cristóbal de las Casas.
De la Cruz fue víctima de violaciones al debido proceso y ahora de privación arbitraria de su libertad, por lo que el Frayba interpuso un amparo indirecto, en el que solicita la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno estatal responsables de las vulneraciones.
Juan De la Cruz fue acusado de secuestrar a un vecino suyo y mantenido en prisión desde hace casi 13 años, solamente con la autoinculpación obtenida por policías ministeriales mediante actos de tortura a él y a su esposa.
De acuerdo con Pedro Faro, director del Fruya, el amparo reclama que, aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, de fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión. Esta recomendación fue enviada para su trámite específico a la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, la cual recibió y debió expedir la boleta de libertad, el 12 de febrero de 2016. El defensor de derechos humanos conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan.
Los defensores del indígena urgieron al Máximo Tribunal para que concediera el amparo y protección de la justicia federal para que las autoridades responsables de resolver el caso cumplan con la recomendación que han emitido.
Juan De la Cruz es uno de los presos que, en marzo de 2019, inició una huelga de hambre para denunciar la violación a sus derechos; durante esta protesta, los presos y sus familias sufrieron hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación, de acuerdo con el portal de noticias denominado “Chiapas Paralelo”.
Ay, México, como lamenta el colega Tomás Mojarro.
