Federico Berrueto
No todo en política, ni siquiera en los análisis de sus cronistas y observadores,
puede explicarse únicamente por intereses, temores o cálculos mezquinos. Las
emociones también cuentan, y con ellas, el sentimiento de agravio —real o
imaginado—. Esto viene al caso por la postura de una parte importante de la
opinión crítica, que enfila con furia sus cuestionamientos hacia López Obrador,
mientras evita aplicar el mismo rigor a la presidenta en funciones.
Es cierto que muchos de los problemas actuales —la violencia, la crisis financiera,
el deterioro del sistema de salud y educativo, la situación crítica de las empresas
del Estado, la corrupción y el fracaso de las obras emblemáticas— remiten al
gobierno de López Obrador. Incluso las reformas constitucionales más dañinas,
como la desaparición de órganos autónomos, la militarización de la seguridad
pública y la reforma judicial, vienen del diseño del expresidente. Varias de esas
decisiones, en contra de los principios históricos de la izquierda democrática. Sin
embargo, no puede pasarse por alto que la presidenta Claudia Sheinbaum ha
respaldado, promovido y consolidado buena parte de esas políticas.
Es cierto que el gobierno actual cambia el estilo de su antecesor y, especialmente
modificaciones en acciones como en seguridad pública, como respuesta a dos
grandes amenazas: el crimen organizado y la postura agresiva del actual gobierno
estadounidense. También se han suavizado los modos: atrás queda el tono soez;
hay más apertura y mayor comedimiento. La presidenta muestra flexibilidad,
aunque no siempre con buen juicio, como demuestra su decisión de posponer la
vigencia de su estrecha iniciativa contra el nepotismo. Al igual que sus
antecesores, adopta una actitud condescendiente frente a las desproporcionadas
exigencias de Donald Trump, algunas claramente contrarias a la soberanía
nacional: desde el envío de presuntos criminales al margen del tratado de
extradición, hasta permitir operaciones de espionaje de EU en territorio mexicano.
Con el aval a la reforma judicial en los términos diseñados por López Obrador
quedó en claro la continuidad del régimen sin modificación sustantiva. La
destrucción de la democracia fue propósito y así continuó sin cambio alguno. La
ratificación de la titular de la CNDH lo confirmó, aunque muchos, con ingenuidad
asumieron que se trató de una imposición del expresidente a través de los
coordinadores parlamentarios.
Revisar el pasado es necesario, incluso el reciente. Pero quedarse ahí para evitar
el análisis del presente es una forma de evasión. Si para el historiador es válido
afilar la pluma sobre lo ocurrido, el periodista y el analista tienen la obligación de
evaluar qué sucede. La evaluación al gobierno de López Obrador es obligada,
pero no puede servir como coartada para suavizar la evaluación de Sheinbaum:
hacerle pararrayos.
La crítica no solo es inevitable, es indispensable. Aunque no siempre tenga la
razón, cumple una función correctiva en el ejercicio del poder. Los medios de
comunicación, al informar, analizar y abrir espacios de opinión, realizan la
auditoría pública más eficaz. Pero cuando el poder etiqueta toda crítica como
posicionamiento “de los adversarios”, la libertad de expresión se erosiona. Esta
actitud se instaló con fuerza desde la llegada de López Obrador a la presidencia,
con consecuencias negativas para el periodismo y la función editorial de los
medios, y tiene mucho que ver la convicción de quienes están en el poder de ser
representantes únicos y perennes del pueblo y no una parte como plantea el
paradigma democrático.
La presidenta Sheinbaum necesita contrapesos reales. Su gobierno enfrenta una
alta concentración de poder, desafíos enormes, y una herencia autoritaria que ha
llevado a muchos medios y periodistas de calidad a optar por la autocensura.
Es comprensible el hartazgo de un sector de la sociedad y de opinión que dejó un
presidente que abusó del poder, que no rindió cuentas y cuyo sexenio agravó la
corrupción y la violencia. Capítulo aparte es lo expuesto que dejó a la soberanía
nacional por el avance del crimen organizado y por la perspectiva punitiva del
gobierno norteamericano por el tráfico de drogas. A eso se suma la gestión
negligente de la pandemia y su complacencia ante el crimen organizado. Pero dos
cosas deben recordarse: el actual gobierno ha seguido la misma línea y, sobre
todo, importa más el el presente.
