Federico Berrueto
Los dirigentes de la coalición opositora Va por México asumieron una postura pública difícil de comprender respecto a una defensa a ultranza del dirigente del PRI Alejandro Moreno. En el PAN se dice que ya hubiera querido Ricardo Anaya que la dirigencia de su partido hubiere actuado de manera semejante en la persecución en su contra. Lo cierto es que públicamente la alianza opositora asume un costo elevado al defender lo que parecería indefendible.
La alianza encara un desafío complejo y complicado. Si no da la cara por uno de los suyos por la embestida de quien les ha declarado la guerra, quedaría comprometido todo propósito de objetivo común frente a ese adversario decidido a utilizar todos los recursos del poder para quebrar el frente opositor. Defenderlo deja en entredicho el compromiso de la oposición por una alternativa ejemplar al margen de los vicios e insuficiencias del pasado, especialmente la corrupción y la impunidad.
El oficialismo también tiene su dilema. La motivación de la gobernadora Layda Sansores y del presidente López Obrador no es la justicia, sino estigmatizar al exgobernador y dirigente del PRI a manera de ganar ventaja política. Proceder por la vía de la legalidad hubiera inhibido a la mandataria de Campeche a realizar el espectáculo de linchamiento mediático a través de la difusión de audios ilegalmente obtenidos, seguramente proporcionados por áreas de inteligencia federal. Si el objetivo es político, más rentable y perverso es que la oposición y muchos priístas continúen cargando con Moreno, personaje muy repudiado.
Aunque debiera, Moreno no enfrenta dilema alguno. Si tuviera un mínimo sentido de decencia y compromiso por su partido y por Va por México ya hubiera renunciado a la dirigencia. Para él mantenerse en el cargo no sólo es cuestión de supervivencia, es materia de orgullo, además de pretender ser el factor en la definición de candidaturas en 2023 y 2024. Él es beneficiario del primitivismo de la gobernadora y de su grosero e ilegal ataque que, incluso, va en su beneficio, de haber un caso penal. Si a la sentenciada culpable Florence Cassez se le liberó por el efecto corruptor de un programa televisivo al momento de su captura, con mayor razón se beneficiaría el dirigente del PRI por el actuar de la gobernadora.
Quien tampoco tiene dilema alguno es el fiscal general del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia. Para él es razón de su credibilidad y prestigio cumplir rigurosamente con la ley. Por tal consideración ha sido muy lamentable el manoseo del caso por parte de la gobernadora y que nadie en la instancia federal la haya contenido, que acredita el beneplácito del presidente. Peor todavía su desentendimiento de las determinaciones del poder judicial respecto a no difundir audios referentes a Alejandro Moreno. Mientras el fiscal en lo suyo y avanzando con la ley en la mano a pesar del entorno adverso. En el caso no utiliza ninguno de los elementos utilizados por la gobernadora.
Mal para la justicia y para la lucha contra la corrupción; una vez más, la politización de la justicia penal queda en entredicho, que se actualiza con la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam. Sin embargo, debe quedar claro que el fiscal Sales construye un caso penal contra Alejandro Moreno no por ser opositor, sino por corrupto, por el evidente enriquecimiento ostensible y sin proporción sobre sus ingresos, práctica común en muchos gobernadores, que no exime en modo alguno al señalado y sin ningún valor para que el fiscal lo exonere.
Corresponde a la mayoría de la Cámara resolver sobre la inmunidad procesal de uno de sus miembros y dirigente nacional del otrora partido gobernante. Los cuerpos legislativos son pésimos jueces en todo el mundo porque actúan a partir de línea partidista, que excluye todo sentido de imparcialidad o de estricta legalidad. Finalmente, eliminar fuero no es sentencia; correspondería al juez en un caso que ha sido burdamente comprometido por la actuación parcial e ilegal de la gobernadora Sansores.
