Federico Berrueto
Algo está ocurriendo en el lenguaje del presidente. A manera de calificar a los enemigos de su proyecto político cada vez remite más a la expresión conservadores en lugar a la de corruptos. El exceso de significado, como dicen los lingüistas, lo delata: en el imaginario de López Obrador es la diferencia entre Moreno/Moreira y el PAN; tiene la mente en las elecciones y la entrega de diputados del PRI, el arreglo poco tiene que ver con el tema de los militares y la reforma constitucional prometida, se trata de quebrar a la alianza opositora.
Nacho Zavala tiene un tanto de razón en cuanto a que los antecedentes del PRI lo acercan más a López Obrador que al PAN por su proximidad a la versión priísta más autoritaria. Conforme avanza AMLO se aleja de la izquierda y del movimiento democrático. Dios los crea y ellos se juntan. Lo cierto es que se ha migrado de los corruptos a los conservadores y eso tiene consecuencias.
Las tiene porque se supone que los males del país se originaban en la venalidad propiciada por políticos y grandes empresarios que hacían del gobierno y del presidente en turno sometidos a sus intereses. Versión que aplica con mediana exactitud a la presidencia de Carlos Salinas y a la de Peña Nieto. Mediana porque el primero más bien impulsó un relevo empresarial a través de la privatización de la que se obtuvieron beneficios indebidos que no siempre los socios empresarios cumplieron. Mediana con Peña Nieto porque lo suyo más que participar en los negocios o formar empresarios, era obtener contraprestación a los servicios prestados.
La realidad es que el PRI es muchas cosas y con muy diversas presentaciones. La calidad y dignidad de Dulce Ma. Sauri o Beatriz Paredes son opuestas a las de la dupla entreguista. Los cuatro, exgobernadores; las mujeres con cara para explicar su patrimonio y modo de vivir. Para juzgar a los otros dos mejor ver el expediente del fiscal Renato Sales o el de la FGR contra Ismael Ramos por desviación de recursos, responsable de las finanzas en tiempos de Moreira gobernador.
Marko Cortes y otros tantos confiaron en quien no era permisible conceder un ápice. No advirtieron la fobia de Rubén al PAN, la frivolidad de Alito, tampoco importó que ambos eran susceptibles de extorsión por el gobierno debido a su pasado corrupto. En el pecado la penitencia y ahora a repensar la coalición opositora con nuevos y muy honrosos aliados, como Porfirio Muñoz Ledo y la parte no moreirista del PRI, que pequeña no es, además de ser por mucho mejor.
Abrazar la causa de los corruptos es extremadamente grave para López Obrador. Hacerlo al amparo de la propuesta de la militarización, muy rentable electoralmente y en la opinión pública es la negación de él y de la izquierda democrática. Revela no tanto confusión, sino la verdadera identidad del proyecto político en curso y que trae a tiempo presente lo peor del PRI: ganar el poder como fin en sí mismo y un pragmatismo amoral que conlleva la pérdida de brújula y de destino.
La realidad es que Alejandro Moreno y Rubén Moreira debieran estar sometidos a proceso penal derivado de su conducta como gobernadores, sin sentido de los límites que impone el servicio y las responsabilidades públicas. Ambos han amasado grandes fortunas sin otra actividad que la política. La paradoja es que son objeto de protección para que la justicia no los alcance; primero del PAN y su dirigencia y ahora del presidente y su representación legislativa en la Cámara de Diputados. Todos al servicio de la impunidad en aras de objetivos electorales. Es claro que para ellos la ley no es la ley.
Precisamente por ello, si se piensa en construir una opción diferenciada para defender la república, corresponde al PAN ratificar su compromiso con la legalidad y la defensa de la democracia; es necesario, primero, anticipar su rechazo a la iniciativa que pretende extender la militarización; segundo, hacer público que dejará a sus diputados votar en conciencia sobre el trámite del desafuero del dirigente del PRI y, tercero, ratificar inequívocamente su compromiso por una alianza opositora cuyo componente mayor no sean las burocracias de los partidos, sino el anhelo de los mexicanos de un gobierno que deje atrás el abuso, la negligencia y la mentira, denominadores no exclusivos del gobierno en turno.
