Por Gustavo Rentería*
Con excepción de Coahuila, todos los estados del país renovarán sus congresos locales.
Es decir, estarán en juego prácticamente todas las diputaciones, junto con las 500 federales y 128 senadurías.
Dependiendo del tamaño del territorio y el número de habitantes, los congresos se conforman, por ejemplo, de 27 legisladores en Aguascalientes, 25 en Baja California o 66 en la Ciudad de México y 75 en el Estado de México.
En total se elegirán 19,634 cargos, incluyendo 9 gubernaturas y un Presidente de la República. Más allá de nuestras preferencias políticas, podemos pronosticar que será un mujer quien ocupe la titularidad del Ejecutivo Federal.
30 entidades renovarán presidencias municipales, y en el caso de la Ciudad de México, 16 alcaldías. Durango y Veracruz se quedarán con los mismos alcaldes. También están en juego las sindicaturas y las regidurías.
Como todos sabemos, aunque el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hagan de la vista ciega y de los oídos sordos, los aspirantes y suspirantes son unos adelantados, por no decir que son violadores a la ley.
Las precampañas inician hasta el 5 de noviembre (y cuatroteístas y anti amloístas) ya tienen candidatas. Y la solicitud de registro de candidatos será hasta el 15 de febrero de 2024.
Las campañas (que ya están a todo lo que dan) empezarán hasta el 1 de marzo y concluirán, el 29 de mayo. La jornada histórica será en 2 de junio y los diputados federales, locales y senadores, rendirán protesta de ley, el 1 de agosto. El nuevo Presidente (a) dirá “si protesto” el 1 de octubre.
El sexenio de López Obrador será el primero en el que tendrá efecto aquella reforma (aprobada hace una década) y que recortó el sexenio. Fue en 2014 que se modificó el artículo 83 de la Constitución, que recorrió la toma de protesta del 1 de diciembre al 1 de octubre.
El artículo 229 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) deja claro el gasto que realizan los partidos, coaliciones y sus candidatos. Habla de los gastos de propaganda, gastos operativos, pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico y varios etcéteras. Pero debemos hacernos las siguientes preguntas fundamentales:
¿Qué papel jugarán los empresarios que buscan ser proveedores de los distintos gobiernos y los que quieren persuadir a los legisladores para que lleguen hacedores de leyes a los congresos “a modo”?
¿Qué tanto dinero de los gobiernos federal, estatales y municipales acabarán por arriba y abajo de la mesa, en las campañas?
¿Y qué tanto dinero del narcotráfico y grupos delincuenciales entrarán al proceso electoral?
Ojalá el INE y el TRIFE estén a la altura del proceso que se avecina, para blindar -lo mejor posible de dinero ilegal- las próximas elecciones.
*Periodista, editor y radiodifusor
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