TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Al iniciar el Simposio Internacional Gobernanza de las Áreas Verdes en los Espacios Urbanos, Rurales y Forestales, María Isabel Selene Clemente Muñoz, vocal Ejecutiva del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local, confió en que contribuirá a fortalecer las políticas públicas y la legislación en esta materia, mientras que Martha Elisa Nateras González, directora del Comité Estatal de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), alertó sobre el incremento en los conflictos sociales por temas ambientales, ecológicos y territoriales.
En la primera de las dos sesiones de este Simposio, que se desarrolla este 9 y 10 de junio en la sede del Inesle, en presencia de Miroslava Carrillo Martínez, titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), Martha Elisa Nateras dijo que el incremento de este tipo de conflictos supone que los instrumentos de política ambiental y los mecanismos de regulación implementados por el Estado no han dado resultados.
Solo en 2020, indicó, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 65 agresiones contra personas defensoras de los derechos ambientales, particularmente contra quienes luchan por la protección de los bosques, por lo que este escenario de conflictividad progresiva da cuenta de que la interlocución entre actores sociales, políticos y económicos, no funciona ni permite la adecuada canalización institucional para su solución.
En su mensaje, Jesús Tovar Mendoza, presidente de la AMECIP, señaló que desde los años noventa del siglo pasado hasta la fecha se ha perdido un tercio de los bosques del Nevado de Toluca, y lamentó que las expectativas de recuperación no sean alentadoras, y este tipo de foros contribuyen a evidenciar que México es uno de los países donde más defensores y activistas ambientalistas son asesinados.
Posteriormente, en la conferencia magistral “La minería al centro del debate: amenaza renovada para la gobernanza ambiental”, Aleida Azamara Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, denunció que se tiene el registro de 134 personas violentadas en los últimos diez años a nivel nacional por oponerse a proyectos mineros.
Con la presencia de Pedro Carmen Bastida, representante indígena ante el ayuntamiento de Otzolotepec, quien dio un mensaje en su lengua originaria, la especialista llamó a ejercer los mecanismos que la legislación considera para la defensa de los recursos, como el principio precautorio, las consultas a las comunidades originarias que puedan verse afectadas por proyectos de industrias extractivas y levantar inventarios de recursos y de zonas naturales y protegidas que los contengan.
En esta jornada se desarrollaron las mesas Amenazas diversas a las zonas forestales, áreas naturales protegidas y territorios indígenas y Respuestas sociales ante la infraestructura megalopolitana; hacia la construcción de ciudades inteligentes, y la conferencia magistral “Paradigmas emergentes sobre la relación campo ciudad en el antropoceno”. El Simposio continua este 10 de junio con dos mesas de trabajo y una conferencia magistral.
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