WASHINGTON, D.C.- Tras una operación militar en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió advertencias dirigidas a varios países de la región, lo que ha generado tensión diplomática y preocupación sobre la estabilidad en América Latina y más allá.
La operación, reportada el 3 de enero de 2026, involucró ataques contra instalaciones militares venezolanas y culminó con la captura de Maduro y Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país. La Administración Trump utilizó el argumento de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, señalando que figuras del gobierno venezolano no cooperaron con demandas estadounidenses.
En declaraciones posteriores a la operación, Trump no sólo se refirió a Venezuela, sino que también emitió advertencias hacia otros gobiernos regionales. El mandatario estadounidense señaló que si las autoridades de países como Colombia o México no colaboran en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales, podrían enfrentar “severas consecuencias” similares a las observadas en Venezuela.
En un tono contundente, Trump criticó a líderes regionales como el presidente de Colombia, a quien describió como “muy mal” por lo que él percibe como tolerancia al tráfico de drogas. También hizo referencias provocativas hacia Cuba, afirmando que el país estaba “cerca de caer” por la pérdida de apoyo económico derivado de la situación en Venezuela.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido inmediata. Varios gobiernos, incluidos los de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, emitieron declaraciones conjuntas calificando las acciones estadounidenses como un “precedente extremadamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, y reclamaron que la crisis venezolana debe resolverse mediante diálogo y respeto al derecho internacional.
Por su parte, países como Rusia emitieron advertencias a sus ciudadanos para evitar viajes a Venezuela debido al riesgo de escalada militar, subrayando la importancia de proteger a sus ciudadanos ante la situación de inseguridad en la región.
La operación estadounidense ha generado un amplio debate sobre la legalidad y las implicaciones de una intervención militar contra un gobierno extranjero. Estados Unidos notificó al Congreso después de iniciado el operativo, lo que rompe con procedimientos más tradicionales de consulta previa con el poder legislativo.
Aunque algunos aliados internacionales han expresado apoyo parcial a la iniciativa contra el narcotráfico, otros líderes han manifestado serias reservas sobre el uso de la fuerza y posibles efectos secundarios, como desestabilización interna y riesgos para la población civil.
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