CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el riesgo de que los sistemas penitenciarios del país se conviertan en espacios de vulneración de derechos para las personas adultas mayores privadas de la libertad.
Durante la presentación del documento “Pronunciamiento sobre el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas mayores privadas de la libertad y la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria”, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado urgente a reconocer las necesidades específicas de este sector, asegurar atención especializada y garantizar condiciones dignas de estancia.
“La situación de este grupo constituye un reto mayúsculo para el Estado y los organismos de defensa de derechos humanos”, señaló, al tiempo que subrayó la necesidad de adoptar medidas preventivas, diferenciadas y ajustes razonables bajo una perspectiva gerontológica y de derechos humanos.
Más de 8 mil personas mayores en centros penitenciarios
Por su parte, la titular de la Tercera Visitaduría General, Nestora Salgado García, dio a conocer cifras del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2023.
De acuerdo con el informe, se identificaron 7 mil 668 personas mayores en 264 centros estatales supervisados y 511 en 14 centros federales. Detrás de estas cifras —advirtió— existe una realidad marcada por enfermedades crónicas, dependencia funcional, aislamiento, abandono familiar, barreras arquitectónicas y falta de atención especializada.
Seis rutas de transformación
Ante este panorama, la CNDH planteó seis ejes prioritarios de acción:
Diagnóstico individual y valoración médica integral para personas mayores privadas de la libertad.
Adaptación progresiva de la infraestructura con estándares de accesibilidad universal.
Mecanismos alternativos de atención para personas mayores en condición de vulnerabilidad.
Protocolos obligatorios para cuidados paliativos y atención de padecimientos crónico-degenerativos.
Capacitación especializada para el personal penitenciario.
Creación de indicadores públicos que permitan evaluar anualmente el cumplimiento de estas medidas.
El pronunciamiento también contempla la construcción de un Programa de Trabajo con enfoque gerontológico y la elaboración de una guía específica para identificar y atender casos de maltrato, abandono o negligencia institucional hacia personas mayores en reclusión.
Un problema que había permanecido invisible
Al evento asistieron autoridades penitenciarias de las 32 entidades federativas, del sistema federal y militar, así como legisladores y representantes de comisiones estatales de derechos humanos.
Durante la presentación se destacó que el documento “pone sobre la mesa una realidad que ha permanecido invisible” y que exige una respuesta institucional coordinada para garantizar el respeto irrestricto a la dignidad humana de las personas mayores en prisión.
La CNDH reiteró que el envejecimiento de la población penitenciaria es un fenómeno creciente que requiere políticas públicas específicas, con enfoque diferenciado y perspectiva de derechos humanos.
AM.MX/fm
