La gestión de Alejandro Martínez Araiza al frente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) ha sido señalada por trabajadores disidentes, quienes denuncian un presunto daño patrimonial que asciende a 394.1 millones de pesos, además de una serie de irregularidades en el proceso de su reelección.
Anomalías Financieras Detectadas
Durante distintos periodos de su gestión, se han documentado presuntos malos manejos de los recursos del sindicato, entre los que destacan:
Desvío de Recursos: Entre 2017 y 2019, se le acusa de usurpar funciones y desviar 13.6 millones de pesos hacia una supuesta fundación.
Operaciones Inmobiliarias: En 2019, vendió el edificio sede del sindicato por 10 millones de pesos. Según los denunciantes, utilizó dichos fondos para adquirir otra propiedad, la cual fue registrada a nombre de su padre, Marco Antonio Martínez Armenta.
Pagos a Proveedores: Durante su primer periodo como secretario general (2019-2024), el sindicato acumuló pagos a proveedores por un total de 330 millones de pesos, de los cuales, en muchos casos, no existe evidencia de los servicios o productos entregados.
Cancelación de Facturas: Se anularon 50 facturas por 30 millones de pesos y otras 10 facturas de clientes por 10.5 millones de pesos, sin que exista registro sobre el destino final de esos fondos.
Irregularidades en el Proceso Electoral
En abril de 2025, Martínez Araiza fue reelecto para un nuevo periodo de seis años en un proceso que los trabajadores califican como antidemocrático y falto de legalidad. Las principales anomalías reportadas son:
El proceso electoral fue adelantado siete meses.
La elección se realizó con una planilla única, sin que mediara una verificación oficial.
No hubo transparencia sobre los resultados por sección sindical ni se garantizaron las condiciones mínimas para la participación de los agremiados.
Los denunciantes afirman que el proceso fue una imposición y no un ejercicio de representación legítima.
Complicidad y Falta de Rendición de Cuentas
Los trabajadores señalan que estas acciones se llevaron a cabo con la complicidad del Comité Ejecutivo Nacional, el cual, en lugar de funcionar como un contrapeso, facilitó una gestión que oculta información y amedrenta a los trabajadores.
Ante esta situación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) exigió al SNAC transparencia en el uso de las cuotas y del patrimonio sindical para poder avalar una modificación en su padrón de miembros. En respuesta, se acusa a Martínez Araiza de haber obligado y amenazado a los afiliados para que firmaran hojas en blanco, con el pretexto de realizar un censo, contando con el apoyo de los integrantes de su comité.
Debido a la opacidad y la falta de rendición de cuentas, los agremiados han solicitado la intervención de las autoridades laborales para que se investigue a la dirigencia del sindicato.
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