CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusó una “ola de desinformación concertada”, en torno a las investigaciones que la FGR sigue en contra de quien resulte responsable por un presunto uso indebido de recursos públicos, en detrimento de este organismo.
En un comunicado, sostuvo que la “andanada” que al respecto han emprendido los medios de comunicación, tienen como finalidad polarizar, confundir y sembrar incertidumbre entre la comunidad científica, la cual –aseguró- ha sido y será respaldada por el Conacyt.
Según dijo, ante cualquier presunción de un uso inadecuado de los recursos públicos que se le destinan, los órganos de control interno tienen la obligación de denunciar los hechos ante las instancias correspondientes y son éstas y no el Conacyt quienes resolverán en consecuencia.
“Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”, se lee en el documento.
De esta forma, la directiva del Conacyt se desmarcó de la acción penal que la Fiscalía General de la República (FGR) busca ejercer en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), instancia a la que el Consejo retiró el apoyo financiero tras los cambios a sus estatutos internos en febrero de 2020.
De acuerdo con lo expuesto por el Conacyt en su boletín, desde 2019 entabló un diálogo con el FCCyT, al cual se refiere como una asociación privada. Afirmó que ante su exigencia de un presupuesto de 50 millones de pesos, se le hizo ver que no se le podía conceder dada la política de “austeridad republicana” del Gobierno Federal, por lo que ofreció un monto más modesto que no fue aceptado y por lo que el FCCyT decidió judicializar el caso. Alegó que durante este proceso jurídico, se hicieron evidentes “asignaciones millonarias” que dieron pie a las investigaciones que hoy están en curso, aunque precisó que no se señaló a persona alguna en la denuncia.
“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, indicó.
Luego de enumerar una serie de acciones que ha llevado a cabo “el Conacyt de la Cuarta Transformación”, como el aumento de becas, la fabricación de ventiladores para pacientes con Covid-19, entre otras, el órgano encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, recalcó que “como nunca” se apoya a la ciencia, pero desde una perspectiva “humanista” y de honestidad en el manejo de los recursos que ahora – aseguró- se entregan en forma directa.
“De conformidad con la normativa vigente y los principios del gobierno federal, es obligación del Consejo el asegurar que los recursos públicos dedicados a la ciencia y la tecnología sean ejercidos de manera eficiente, efectiva, honesta, austera, transparente y que se otorguen de manera directa, sin conflicto de intereses, ni intermediarios”, se lee en el comunicado.
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