Por: Licenciado José Alfredo Rojas Zamudio*
En la actualidad, el tema del acoso laboral y sexual es cada vez más común en los centros de trabajo en general; y el Poder Judicial de la Federación no es la excepción.
Al respecto, he tenido conocimiento de fuentes directas de algunos casos; sin embargo, por respecto a su persona solo mencionaré las experiencias que me compartieron.
Es bien sabido que, tratándose del acoso laboral y sexual, el común denominador en todos ellos es que quien lo ejerce (sujeto activo), tiene un grado o relación de poder o jerarquía superior sobre el sujeto pasivo (trabajadores), quienes se enfrentan a tener que soportar esta situación y también al miedo a denunciar este tipo de conductas, ya sea por temor a perder su empleo o en ocasiones por la falta de mecanismos confiables para sancionar a los responsables que lo generan.
El hostigamiento laboral y el acoso sexual constituyen expresiones de violencia e inequidad de género en contra de las personas que son víctimas de este tipo de conductas, que ocasionan una transgresión a sus derechos humanos, pues las personas al no ceder ante este tipo de conductas, se enfrentan a condiciones de trato desiguales y a limitaciones al acceso de oportunidades en sus centros de trabajo, ya que es una manera de represión de quienes ejercen violencia contra su integridad física, psicológica o incluso de carácter económico.
En el caso de los órganos jurisdiccionales se presenta generalmente con los titulares, aunque no se descarta que dichas conductas también las realice cualquier trabajador sobre otro, pues como se mencionó, ello se da en una relación de subordinación laboral.
Lo anterior, limita el derecho de las personas que lo sufren de trabajar en un ambiente sano, digno y seguro, así como para acceder a oportunidades de desarrollo profesional en condiciones de igualdad, minando su confianza y autoestima al generarles un estado de permanente tensión emocional.
El hostigamiento laboral y sexual al interior de los órganos jurisdiccionales afecta en gran medida y en la mayoría de los casos a mujeres, pues es más frecuente que algunos titulares de órganos jurisdiccionales las hostiguen y acosen sexualmente, obligándolas a través del chantaje para que accedan a otórgales un nombramiento que les permita tener una “estabilidad laboral”; a cambio de favores sexuales. Lo anterior no descarta la posibilidad de que, aunque en menor grado tales actos también los enfrenten los hombres, sobre todo el hostigamiento laboral.
Aunque podría parecer que en los órganos jurisdiccionales en los que se imparte justicia a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, no existen este tipo de conductas, la realidad es que no es así, pues a pesar de que se encargan de hacer respetar los derechos humanos de las personas, lo cierto es que al interior de estos también se han llegado a presentar este tipo de conductas.
El caso del acoso sexual suele ser identificable por estar relacionado precisamente con la integridad física y emocional; no obstante, tratándose del acoso laboral en diversas ocasiones aun cuando se dé una sola vez o de forma reiterada, resulta menos visible para las personas que lo sufren, pues este tipo de conductas se pueden dar de diversas formas, como es el hostigamiento, humillaciones, maltrato, amenazas, perjuicios en las oportunidades laborales o exigiendo dádivas o regalos por ser el titular o el superior jerárquico de sus subalternos, e incluso afectaciones en la situación laboral en el ejercicio de sus funciones. En este último punto, el ejercicio de ese “poder” se utiliza en ocasiones imponiendo mayor carga de trabajo a una persona y/o negándosele la oportunidad de renovar un nombramiento, a pesar que el desempeño de la persona trabajadora sea idóneo, lo que genera que no exista la seguridad laboral a que tenga derecho el servidor público, pues la mayoría de los casos sucede con la finalidad de favorecer a sus allegados. En ambos casos, tanto en el acoso laboral como sexual, lo que se vulnera es la dignidad humana, pues en la relación laboral quien suele ser el sujeto activo es el que ejerce un control o poder sobre sus subordinados, lo que los obliga a vivir en constante tensión emocional en condiciones de desigualdad y discriminación.
Evidentemente estas conductas no distan de aquellas que se presentan cotidianamente en los centros laborales de cualquier otro gremio; sin embargo, en las filas de los órganos jurisdiccionales, existen los mismos problemas, ya que a pesar de las buenas intenciones de muchos de los Titulares que sí se conducen con ética, profesionalismo y convicción, respetando los principios de la función jurisdiccional, no falta quienes no se conducen bajo dichos principios.
Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal creó una Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual (UPCAS), la cual brinda apoyo jurídico, psicológico y médico a las víctimas de acoso sexual y violencia de género; no obstante, el mayor obstáculo a superar es el temor de los funcionarios que sufren estas conductas de realizar la denuncia correspondiente, la cual es una tarea en la que se debe poner mayor empeño, e incluso, la llamada “reforma judicial” para la renovación del Poder Judicial de la Federación, constituye un paso importante en esta loable labor, dado que se impulsa como una oportunidad para depurar y eliminar a este tipo de juzgadores que actualmente desempeñan los cargos, dando lugar a que accedan aquellas personas que representan una “nueva generación de juzgadores” más humanos y que sean votados por quienes conocen sus valores y principios, y que se encuentran dispuestos a conducirse y actuar bajo los principios que rigen la función jurisdiccional, lo cual permitirá un cambio profundo en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y la confianza de la sociedad en el mismo.
*El Licenciado José Alfredo Rojas Zamudio es actual secretario de Tribunal Interino, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
