CIUDAD DE MÉXICO.- En el complejo entramado del desabasto de medicamentos y la provisión de insumos al sector salud, una problemática persistente emerge con preocupante claridad: la importación de productos médicos sin la debida regulación sanitaria.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se erige como la pieza fundamental para frenar esta marea de insumos irregulares, que no solo compromete la calidad de la atención médica, sino que también abre la puerta a la corrupción y a graves riesgos para la salud pública.
En el mercado mexicano, se ha detectado una práctica alarmante en la que supuestas empresas farmacéuticas sin registro sanitario facilitan la entrada al país de medicamentos e insumos médicos de origen extranjero, particularmente de China e India.
Estos productos, que en muchas ocasiones carecen de las certificaciones de calidad y seguridad, son adquiridos por el sector salud a través de intermediarios que no tienen un aval formal para su comercialización. La ausencia de un registro sanitario adecuado implica que no hay una garantía oficial de que dichos insumos sean seguros, eficaces y de la calidad necesaria para el tratamiento de pacientes.
La laxitud en los controles no solo es una falta administrativa, sino que se convierte en un hecho de corrupción que debe ser perseguido por la ley. Permitir que empresas sin la capacidad o los permisos pertinentes provean al sector público es una clara señal de falta de transparencia y de posibles actos ilícitos. Estos intermediarios se benefician al importar productos a bajo costo, evadiendo los rigurosos procesos de validación que se exigen a la industria farmacéutica formalmente establecida y registrada.
La COFEPRIS, como la máxima autoridad regulatoria en materia de salud, debe fortalecer su papel de guardiana. Es su responsabilidad no solo emitir alertas y realizar decomisos, sino también endurecer los mecanismos de inspección en puertos y aduanas, así como fiscalizar de manera más exhaustiva a las empresas que participan en las licitaciones públicas. La salud de los mexicanos no puede estar a merced de la ineficiencia, el lucro o la corrupción de quienes comercializan productos de dudosa procedencia.
La industria farmacéutica nacional, representada por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), ha reiterado en diversas ocasiones su preocupación por esta competencia desleal y el riesgo que representa. Exigen que las reglas sean claras y que la ley se aplique por igual a todos los participantes del mercado. En este sentido, es crucial que el gobierno federal garantice que solo se compran insumos de empresas que, sin importar su origen, cuenten con la capacidad técnica y legal para operar, y que sus productos estén avalados por un registro sanitario. Esto es una inversión en la calidad de vida y la seguridad de la población.
AM.MX/fm
