CIUDAD DE MÉXICO.- Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México, mejor conocida como ASUME, solicitaron ayer al Congreso de la Unión, aprobar en el periodo ordinario que iniciará el próximo 1 de septiembre la Ley General de Seguridad Privada, con el objetivo de garantizar, de manera inmediata, el marco jurídico que dé paso a que los servicios de seguridad del ramo cuenten con un estándar de calidad para mayor seguridad de los ciudadanos y las empresas que hacen uso de estos.
En la carta firmada por el dirigente de las 32 principales asociaciones de empresarios de la Seguridad Privada en el país, Armando Zúñiga Salinas recordó cómo el ejercicio parlamentario realizado en la anterior legislatura resultó en la publicación de la reforma constitucional en materia de seguridad privada, en mayo de 2021. Esta estableció la obligación legislativa de aprobar una Ley General en un plazo máximo de seis meses, para que la Federación y las Entidades Federativas contaran con una articulación y coordinación eficiente con el sector en todo el territorio Nacional.
En el documento enviado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y presidentes de las Comisiones de Seguridad de ambas Cámaras -diputados y senadores-, así como a los Presidentes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, Zúñiga Salinas les expresó la preocupación del sector ante el incumplimiento del régimen transitorio expuesto, que establece la obligación para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta ley permitirá, entre otros de los más importantes puntos:
Regular los servicios de la seguridad privada; establecer los esquemas de coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades, así como normar la colaboración de los prestadores como auxiliares de la seguridad pública.
Homologar y armonizar los procesos de regulación, supervisión, vigilancia y aplicación de la normatividad y criterios en materia de seguridad privada en los tres niveles de gobierno.
Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración con autoridades federales, estatales y municipales;
Establecer las figuras jurídicas necesarias que eviten una sobre regulación y discrepancia en la aplicación de la normatividad del sector.
Determinar una Autoridad Nacional que diseñará, organizará y aplicará los instrumentos en la materia.
Evitar la multiplicidad en cuanto al cumplimiento de trámites, requisitos y otras obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de Seguridad Privada; y, erradicar los excesos normativos en esta materia.
Impulsar la actualización de la normatividad en esta materia.
Contar con un registro a nivel nacional, retroalimentado en coordinación y coadyuvancia de las entidades federativas para llevar un control actualizado de los prestadores de estos servicios.
Impulsar la simplificación de trámites a través de medios tecnológicos, creando una Autorización Única. Esta simplificación se caracteriza por su transversalidad y beneficios tanto para el regulado y el regulador, así como por el impacto para quien recibe los servicios, y en consecuencia la sociedad en general.
Contar con Centros de Capacitación y Especialización, los cuales serán instituciones públicas y privadas certificadas por la Autoridad Federal.
A nombre de sus representados, Zúñiga Salinas solicitó “de la manera más atenta y respetuosa (que) la expedición del marco legislativo en comento pueda ser considerado dentro de los tópicos trascendentales en el ejercicio del periodo parlamentario que inicia este 01 de septiembre durante la continuación de la LXV Legislatura actual”.
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