Fernando Irala
A lo largo de los últimos días, se han sucedido ataques del crimen organizado en diversas ciudades del centro y del norte del país, que incluyen disparos, bloqueos de calles, quema de vehículos y de establecimientos comerciales.
El procedimiento no es nuevo, desde hace varios lustros los delincuentes utilizan esas estrategias cuando se sienten amenazados, particularmente cuando les detienen a algunos de sus líderes.
Lo novedoso es la incidencia de estas embestidas en varias entidades del país, de manera sucesiva, hasta generar un ambiente de violencia generalizada e incontrolada.
Mientras en el gobierno se intenta vender el absurdo de que la criminalidad va a la baja, cada vez en un territorio más vasto la gente se siente agredida y amenazada.
La respuesta de “abrazos y no balazos” ha pasado de ser una ocurrencia a una trágica necedad, pero el empecinamiento persiste y la violencia se vuelve ola expansiva.
El colmo en este teatro sangriento lo ha puesto esta ocasión la alcaldesa de Tijuana, que reclama a los criminales por sus ataques a gente inocente, y los incita a cobrarle “sus facturas” a quienes deban.
Ya puestos en ese plan, tal vez los extorsionadores y otros rufianes podrían firmar un convenio con las autoridades fiscales para hacer más eficaz el cobro de sus pendientes.
Pero así estamos con los nuevos gobiernos de todos los niveles en nuestro país. Ya se sabe que en muchas de las elecciones recientes estuvo presente y actuante el crimen organizado, y que quienes ahora gobiernan en muchos municipios y ciudades, están obligados a pagar por el apoyo que obtuvieron.
Así seguiremos. A ver hasta cuándo.
