CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la división transaccional y de energía de la firma Santamarina y Steta consideró desafortunados los argumentos recurrentes de las autoridades federales que califican como “fraude a la ley” a algunos de los proyectos de generación operados a partir de permisos de autoabastecimiento.
“Estas declaraciones parecen más bien una campaña de medios que muestra una postura gubernamental y no corresponde a una realidad jurídica y menos a lo que indica la ley”, señaló.
El especialista aclaró que el esquema de autoabastecimiento es una figura contemplada hace décadas en la legislación mexicana que ha venido utilizándose exitosa y legítimamente, entregando energía limpia a medianas y grandes empresas a lo largo del territorio nacional.
“Los permisos con base en los cuales han venido operando las plantas en el esquema de autoabastecimiento fueron otorgados en su momento por el órgano regulador competente, tomando en consideración desde luego la definición y concepción mismas del esquema y la estructura específica de cada proyecto. Es decir, ¡Con todas las de la ley!”, subrayó.
Juan Carlos Machorro indicó que corresponde al poder judicial y no al ejecutivo declarar si un acto en particular es o no violatorio de la ley vigente. Dicha declaración tendría que producirse mediante una resolución judicial, definitiva e inapelable, habiéndose cumplido todos los requisitos procedimentales aplicables.
El especialista listó los puntos que establece la ley, que más bien podrían resaltar las violaciones de las autoridades y no de los particulares:
Es importante recordar que este régimen es uno de carácter legado por pertenecer a la ley anterior y de carácter transitorio, destinado a desaparecer definitivamente al concluir la vigencia de los permisos, en cumplimiento de la ley vigente a partir del año 2014.
Habría que considerar a los stakeholders o grupos legítimos de interés alrededor de estos permisos.
Además de los permisionarios, recordemos que un número muy importante de empresas mexicanas reciben la entrega de energía como socios autoabastecidos en centros de carga asociados a estos permisos, centros de carga que se cuentan por decenas de miles alrededor de todo el territorio nacional y en prácticamente todos los sectores de la economía.
Finalmente, el abogado planteó las consecuencias graves, en caso de que la política gubernamental sobrepase la ley y llegue a un escenario utópico de revocación de estos permisos, con impacto en escasez de energía, aumento de tarifas, impacto social, en el empleo, en el sistema financiero y en la reputación del país.
AM.MX/fm
