CIUDAD DE MÉXICO.- El representante de la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, que derive en lograr procesos de contratación sin opacidad, que permitan la rendición de cuentas eficaz en la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública local.
La herramienta legislativa fue turnada directamente a las comisiones de Administración Pública, con opinión de la de Transparencia y Combate a la Corrupción para su discusión y dictamen, pues, dijo “es necesaria para lograr un verdadero combate a la corrupción en el manejo de los recursos públicos del gobierno local”.
“Leer una noticia sobre alguna irregularidad en algún contrato público es, en la ciudad y en el país, cosa de todos los días. En los últimos años, contrataciones públicas sean adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas, han sido sujeto del escrutinio debido a los numerosos casos de corrupción que se han hecho del conocimiento de la ciudadanía”, sostuvo.
El diputado por Movimiento Ciudadano comentó que ante estos casos, sólo el 3 por ciento de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han causado sentencia y, el mismo organismo, emitió mil 341 recomendaciones para hacer los procesos de contratación y compras más transparentes, apegados al marco constitucional, de las cuales sólo 213 fueron debidamente atendidas.
“El marco normativo vigente en materia de adquisiciones ha demostrado ser insuficiente y tiene que ser revisado. Es necesario que los procedimientos de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realizan las entidades públicas de la ciudad logren mayor transparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos y mayor control y vigilancia por parte de las instancias responsables. El combate a la corrupción no sólo se debe quedar en el discurso”, sostuvo.
El legislador ciudadano comentó que un caso reciente es el de la Línea 12, donde se adjudicó de manera directa a la empresa noruega DNV para realizar el peritaje, mismo que hoy descalifica el gobierno de la ciudad.
“Deberíamos, como Congreso y ciudadanía, tener acceso a la información contenida en el tercer informe que el gobierno capitalino no ha aceptado y así sabríamos por qué se han negado a reconocerlo y publicar qué es lo que está mal”, indicó
Torres González destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó que en los últimos dos años el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas se incrementó en 59 por ciento a raíz de la atención a la Pandemia por COVID19, con casos identificados en el gobierno de la Ciudad como el registrado en marzo de 2020, cuando adquirió a sobreprecio ventiladores mecánicos por un monto de 384 millones de pesos, costo superior, incluso, al pagado por el gobierno Federal.
El diputado local recordó que actualmente hay, al menos, tres criterios para evaluar el uso eficiente de recursos públicos desde el marco constitucional: libre competencia, transparencia y el cumplimiento de la norma en los que el gobierno local no cumple con ellos.
“Encontramos la adjudicación de manera directa a Telmex de un contrato de conectividad por servicios de telecomunicaciones por alrededor de 770 millones de pesos o la renta de patrullas en 2020 por más de 3 mil millones de pesos, proceso que la Secretaría de Administración y Finanzas realizó en menos de 15 días, con situaciones directas de marca, especificaciones concretas e invitación restringida, cuando debió ser una licitación abierta con al menos 6 meses de duración”, indicó.
El legislador capitalino concluyó que, ante la evidencia de irregularidades y corrupción en los contratos, en las que están involucradas empresas y personas servidoras públicas, “es necesario fortalecer un marco normativo que transparente los procesos de planeación y selección de los proyectos públicos; establezca y haga cumplir los controles de transparencia y rendición de cuentas, para reforzar los mecanismos de transparencia, seguimiento y contraloría social”.
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