Miguel Tirado Rasso
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El pasado 5 de febrero se conmemoró un año más de la promulgación de nuestra centenaria Constitución. 105 años ya de la que, en su momento, fue precursora, a nivel mundial, en contemplar derechos sociales, por lo que es considerada la primera Constitución social del siglo XX.
Nuestra Carta Magna es también una de las más modificadas del mundo. Desde su promulgación, en 1917, hasta 2018, su articulado ha sido reformado 707 veces, vía 231 decretos. Mientras que las de otros países como EUA, su Constitución, promulgada en 1787, sólo ha tenido 27 enmiendas; la de España, vigente desde 1978, ha sido reformada en tres ocasiones y la de Brasil, con 40 años de vigencia, lleva 70 reformas. (Instituto Belisario Domínguez IBD, Senado de la República)
El número y frecuencia de las reformas en nuestro país obedecería a un principio positivo que es, según el Dr. Héctor Fix-Fierro (¿Por qué se reforma tanto la Constitución…? UNAM), “la negociación entre las principales fuerzas políticas para ir haciendo los ajustes normativos que exige la realidad del país. En última instancia, afirma el investigador, el texto constitucional es reflejo de la trayectoria nacional y en ello residiría una de sus principales virtudes.” Sin embargo, no deja de señalar que tantos cambios han provocado desorden e, inclusive, deformación del texto constitucional. Lo que decimos nosotros, ha dado lugar a inquietudes con ánimos de sustituir ésta por una nueva Constitución. Algo riesgoso y muy delicado.
A partir de que el PRI perdió la hegemonía en el Congreso, en 1997, las reformas constitucionales se han acelerado. Mientras que en los primeros 80 años de vigencia de la Ley fundamental (1917-1997) se reformaron 334 artículos, en los siguientes 24 años (1997-2021) van 428 cambios. En consecuencia, entre cambios y adiciones, con los mismos 136 artículos de su texto original que la constituyen, nuestra Constitución ha aumentado cinco veces su tamaño.
Y es que se ha caído en el exceso de incluir textos que corresponderían más a leyes secundarias, a leyes reglamentarias, por contemplar detalles hasta de procedimiento que no deberían incluirse en el texto constitucional. Un claro ejemplo es el relativo a la materia electoral (El artículo 41 es el más extenso de la Constitución). Se entiende que al elevar al rango constitucional un ordenamiento su obligatoriedad es mayor, pero esto no supone, en automático, su cumplimiento.
La pluralidad política, en tiempos en que ningún partido controla la mayoría en el Congreso, las reformas constitucionales se logran por acuerdos o negociaciones entre las diversas fuerzas políticas, las que se encargan en ser detallistas y específicas en los textos que elevan a nivel constitucional para evitar que, vía leyes secundarias, se ignoren o desvirtúen los acuerdos plasmados.
Según el Instituto Belisario Domínguez, cuatro son los artículos con más modificaciones, el 73, que se refiere a atribuciones del Poder Legislativo; el 123, de materia laboral y prestaciones; el 27, relativo a la propiedad, y el 89 que define facultades y obligaciones del jefe del Ejecutivo. Estos artículos, han sido reformados 144 veces hasta 2018. En contra, hay 22 preceptos que se han mantenido sin modificaciones desde la promulgación del texto constitucional en 1917.
En lo que va de la administración actual, se han reformado 55 artículos de la Constitución. Durante la primera mitad del sexenio, las condiciones favorables de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, facilitó a Morena las reformas sin necesidad de grandes debates. En el Senado, sin embargo, tuvo que esmerarse en lograr votos de la oposición para su aprobación. Perdida la mayoría calificada con los diputados, en estos tres años restantes, las modificaciones constitucionales le serán más complicadas, al estar obligados a alcanzar acuerdos y consensos con las oposiciones, pues los números no le alcanzan ni sumando a sus partidos aliados.
Por lo pronto, en la lista de espera para este año hay tres reformas muy polémicas: la eléctrica, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y la electoral. Tres reformas con pronóstico incierto.
