TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Ante el incremento de la violencia familiar durante el confinamiento por el covid-19, la diputada Elba Aldana Duarte (Morena) propuso una reforma integral a diversos ordenamientos estatales para garantizar una atención efectiva e integral a las mujeres niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencia.
Entre las propuestas sobresale la creación de una plataforma digital para la coordinación interinstitucional que, mediante la transmisión de audio, video, datos e información en tiempo real, atienda y asista de manera inmediata y eficiente a las víctimas, otorgándoles asesoría y orientación para su defensa jurídica, asistencia social, médica y psicológica.
La legisladora expuso que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en 2020 las llamadas de emergencia por violencia familiar al #911 en todo el país sumaron más de 260 mil, lo que representa un incremento del 31.5% respecto al año anterior. Para el caso del Estado de México en el mismo año se registraron 14 mil 732 delitos de violencia familiar, siendo los municipios de Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco y Tultitlán los de mayor incidencia.
Además de plantear que se persiga de oficio, busca ampliar los tipos de violencia familiar reconocidos en la legislación estatal para incluir, conforme a la ley general en la materia, la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, además de prohibir los métodos de conciliación o mediación por considerarse inviables en un relación de sometimiento entre la persona agresora y la víctima.
Propone además que las indemnizaciones por el daño moral derivado de esta violencia, sean fijados por el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con el derecho a una reparación integral, tomando en cuenta de manera enunciativa y valorativa las pruebas que acrediten el daño, las afectaciones sufridas por la víctima, el tipo de derecho o interés lesionado, el nivel de gravedad, los gastos devengados o por devengar derivados del propio daño, y el grado de culpabilidad del sentenciado y su capacidad económica para resarcir las afectaciones.
La propuesta de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, así como a los códigos Penal, Civil y de Procedimientos Civiles, todos de la entidad, será analizada por las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Familia y Desarrollo Humano.
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