MIGUEL ÁNGEL FERRER
A la mitad de su mandato, el Presidente libra, entre muchas otras, todas importantes, dos batallas políticas de enorme trascendencia. Una, la reforma eléctrica que busca devolver a la nación la rectoría de la industria y del mercado eléctrico; y dos, poner límite a los privilegios y los abusos de la muy descompuesta burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral (INE). Ambas batallas son duras y fragorosas.
Pero el Presidente tiene a su favor el respaldo mayoritario de la población. Una reciente encuesta de una firma privada revela que el 80 por ciento de los consultados piensa que la reforma eléctrica fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tanto que sesenta de cada cien consideran que ello constituye un avance económico y social para el país.
En coincidencia con múltiples sondeos anteriores la encuesta referida revela igualmente que es minoritaria la oposición de la ciudadanía a la reforma eléctrica obradorista: apenas el 22 por ciento. De modo que en este caso particular la proporción entre apoyo y rechazo es de 4 a 1.
Y por lo que toca a la opinión social sobre el INE, las cifras son francamente condenatorias, pues más del 90 por ciento de los consultados en otra muy reciente encuesta expresa una severa condena a los abusos económicos y los privilegios insultantes que privan en la institución.
Estos hechos explican el buen recibimiento político y popular que tuvo la decisión de la Cámara de Diputados de limitar en casi 8 mil millones de pesos el presupuesto solicitado por el INE para el año 2022. Cinco mil millones de pesos del presupuesto originalmente solicitado más 3 mil millones adicionales solicitados con posterioridad. De modo que a la condena moral de los abusos y privilegios se sumó la limitación presupuestal que les ha puesto límite.
Pero hay más buenas noticias. Independientemente del reparto del mercado de la producción y distribución de electricidad que en mucho dependerá de la aprobación legislativa de la reforma eléctrica, la CFE se está haciendo cargo de la ampliación de la red nacional de internet con su programa Internet para Todos.
Y sin el padrinazgo y complicidad de las políticas privatizadoras de los bienes públicos es claro que el mercado del internet estará regido por el criterio del bien público y no por el puro afán de lucro y los negocios sucios propios de las empresas privadas.
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