MÉRIDA, YUCATÁN.- Mauricio Vila Dosal ha saqueado al Estado en complicidad con políticos y empresarios corruptos, que han hecho grandes negocios a base de sobornos y desvíos de los recursos públicos para favorecer a los amigos, como Rodolfo Rosas Cantillo, Mauricio Martínez Zapata, Rodolfo Rosas Moya y el Grupo Abraham, quienes costearon su campaña para la gubernatura.
De acuerdo con Sol Yucatán, el actual gobierno es la continuidad de la mafia política estructurada por Rolando Zapata Bello, quien logró establecer un pacto mafioso empresarios-políticos y la unificación de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRIAN) para un plan transexenal de una red de corrupción.
La dictadura perfecta nació de la corrupción establecida por Ivonne Ortega Pacheco, quien durante su administración robó de manera tan burda que no guardó las formas y despilfarró miles de millones de pesos favoreciendo sólo a un grupo de empresarios.
Zapata Bello fue más inteligente y para robar más dinero hizo cómplices del lavado de dinero a la iniciativa privada, con quien compartía parte del botín, por lo que nunca hubo una inconformidad por parte de las diversas cámaras empresariales.
Cuando tomó protesta hace tres años, Mauricio Vila afirmó que sería el enemigo de la corrupción. Sin embargo, los desfalcos han crecido de forma alarmante, a tal grado que de 60 casos denunciados, sólo se ha sancionado a un funcionario.
Ante el grave problema de corrupción que prevalece en Yucatán, durante 2020 fueron más de 60 las investigaciones iniciadas por casos de corrupción cometidas por servidores públicos, pero sólo se sancionó a un funcionario, lo que demuestra el proteccionismo que brinda Mauricio Vila a sus colaboradores corruptos.
Los desfalcos se han detectado en diversas dependencias del gobierno del Estado, pero no se denuncia, y lo peor de todo, el Gobernador tolera las anomalías, oculta la información y congela los expedientes de las investigaciones jurídicas.
No se puede hacer nada, cuando el fiscal general del estado, Manuel León León y el Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, están totalmente plegados a los designios de Vila, que no han tocado, ni con el pétalo de una rosa, a la actual administración a pesar de los robos documentados por Sol Yucatán en cada edición.
Se ha documentado con amplitud la existencia de una red de empresas fantasmas que facturó tanto al gobierno estatal de Rolando Zapata como al gobierno municipal de Mérida, cuando Mauricio Vila fue alcalde.
A pesar de todas las denuncias no se ha sancionado a ninguna de las empresas involucradas en la red fantasma, pero lo peor, algunas de estas siguen en activo.
Otro ramo que muestra la impunidad de este gobierno es el reporte de Derechos Humanos que informó que durante el gobierno de Mauricio Vila, en Yucatán no sólo ha habido tortura, sino que ésta se ha institucionalizado.
La seguridad en Yucatán se ha deteriorado. Por ejemplo, en 2019 y 2020 aumentaron la percepción de inseguridad, las víctimas de delitos y el número de denuncias.
Al menos en materia de democracia, corrupción, derechos humanos, educación y seguridad, en el gobierno de Yucatán el PAN no encontrará en Mauricio Vila al presidenciable que está necesitando.
MAFIAS POLÍTICO-EMPRESARIALES EXPUESTAS
El caso del despojo de tierras de Kanasín es el más escandaloso y brutal de todos, ya que está conformado por políticos y empresarios, desde titulares de dependencias hasta gobernadores, tanto priístas como panistas.
Dicha mafia se aprovechó del problema limítrofe entre Mérida y Kanasín que existió por décadas, pero ningún gobierno dejó que los traficantes de tierra se aprovecharan de ello, hasta que Ivonne Ortega Pacheco se lo permitió a Rafael Acosta Solís, quien durante su administración fungió como sub-procurador de la hoy Fiscalía General del Estado.
Ahora aparecen en el escenario de tráfico de tierras nuevos personajes.
Como ejemplo, tenemos que José Antonio Loret de Mola Gómory es ejidatario de Umán, quien se hizo de 1,600 hectáreas aproximadamente y actualmente se lo quiere vender al gobierno del Estado por dos mil millones de pesos.
También aparece en la lista de ejidatarios, el empresario del Grupo Abraham, Carlos Abraham Mafud, donde se pretende construir el nuevo aeropuerto. ¿Coincidencia?
La Ley Agraria, en su artículo 47 señala: que no se le puede dar más del cinco por ciento de la superficie a una persona. En una asamblea ilegal la directiva del comisariado de Umán le dieron con el estatus de posesionario estos terrenos a Loret de Mola y Abraham Mafud.
El revés judicial del MAYÚSCULO FRAUDE denominado Patrimonio Kanasín, S.A. de C.V., abre una luz de esperanza a los miles de ejidatarios y ciudadanos despojados de sus tierras, por una abominable telaraña de corrupción político-empresarial con sede en Yucatán.
Este medio se propuso desde su concepción aportar desde el poder de la pluma, la noble causa de DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, y por ello hemos sido blanco de todo tipo de ataques, PUES DECIMOS LO QUE MUCHOS OTROS POR TEMOR O INTERESES OCULTOS CALLAN.
Las numerosas muestras de apoyo a este medio, de ejidos y ciudadanos que sumaron sus voces a la protesta contra el Gobierno Estatal corrupto que ordenó y ejecutó el atentado en nuestra contra, fortalece nuestro compromiso a esa noble causa. Por ello señalamos a los siguientes “SOCIOS”:
Rafael Acosta Solís, quien a pesar de encontrarse en esas fechas desempeñando un cargo público, en la Sub-Procuraduría General de Estado de la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco, lideró todos los aspectos judiciales de este atropello, con la PROTECCIÓN ABSOLUTA DE LA GOBERNADORA, y de sus tres principales alfiles, Luis Felipe Saidén Ojeda, a quien regresó Ortega Pacheco desde el exilio al frente de la Policía, a Héctor Cabrera Rivero, cuñado de la exgobernadora, al frente de la Procuraduría General, al considerado Vicegobernador de la época Ulises Carrillo Cabrera, y nada más que a Rolando Zapata Bello, en la Secretaría de Gobierno.
Es de todos conocido que “sin dinero no baila el mono”, y si bien Ulises Carrillo Cabrera operó el ingreso de capitales oscuros del norte y centro del país, desde la campaña electoral de Ivonne Ortega Pacheco, en el financiamiento del artero robo de Kanasín fue pronto relevado, por el llamado Grupo Tabasco que presidía en esa entidad Juan Manuel Saiz Pineda como Secretario de Hacienda de la corrupta administración del exGobernador Andrés Granier Melo, y con vinculación directa por lavado de dinero de Miguel Ángel Treviño (alias el Z-40).
Semanalmente llegaban a Yucatán avionetas con maletas de dinero, que personalmente entregaba Alberto Medina Sonda a los socios yucatecos, de quienes hablaremos en el siguiente párrafo.
Es importante recordar que Medina Sonda fue quien protagonizó el feminicidio más sonado y cobarde de su esposa Emma Gabriela Molina Canto en el año 2017.
DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE OBRAN EN REGISTROS PÚBLICOS se desprenden como principales accionistas y beneficiarios del megafraude que denominaron Patrimonio Kanasín, S.A. de C.V.
El 50% de las acciones correspondía a Bienes Raíces Soprime S.A. de C.V., propiedad de Esteban Correa Bolio, Rafael Correa Bolio y Lorenzo González Medina, quienes han sido señalados como cómplices de Saiz Pineda en otros desfalcos al erario de Tabasco.
El 50% restante correspondía Grupo Hogare, S.A. de C.V., propiedad de Juan Manuel Ponce Díaz (socio y exdirector del consorcio multinacional Bepensa, socio fundador del Grupo Vive, expresidente estatal de la Canacintra y del CCE en Yucatán, y miembro del Consejo Nacional de la Canacintra).
Cabe aclarar que Grupo Hogare, S.A. de C.V., adquirió las acciones de un tercer socio Desarrollos RDG, S.A. de C.V., empresa propiedad de un primo hermano de Ponce Díaz, y de quien se dice fue su prestanombres mientras ocupaba la Dirección de Bepensa.
Asimismo, Grupo Hogare, S.A. de C.V. modificó su razón social a Vive Peninsular, S.A. de C.V., hoy la empresa madre de Grupo Vive.
Los envíos de dinero ilícito gozaron de la protección del Comandante Saidén Ojeda, y se sabe que el costo de tal encubrimiento se cubría en las oficinas de Desarrollos RDG, S.A. de C.V., con cuyos accionistas su hija Jessica Saidén Quiroz mantenía estrecha amistad.
Incluso, se filtró que en una ocasión que no pagaron a tiempo el DERECHO DE PISO, llegaron al lugar del aterrizaje de las avionetas elementos de la SSP, quienes decomisaron las maletas de dinero PERO NO LO REPORTARON, es decir, SE COBRARON A LO CHINO.
Lo mencionado en el párrafo anterior cobra especial relevancia, pues este medio ya ha denunciado tanto a Juan Manuel Ponce Díaz como a su padre Fernando Ponce García, por tráfico de influencias y fraudes al erario de Yucatán y de otros estados de la República, mediante adquisiciones fraudulentas de tierras de valores multimillonarios, asignaciones de contratos de obra gubernamental a precios brutalmente inflados como el caso de las placas vehiculares que padre e hijo han monopolizado desde los años noventa, o el sistema de luz y sonido de Chichen Itzá a 3 veces su valor de mercado, entre otros muchos.
Ponce García y Ponce Díaz, son socios de uno de los consorcios más importantes del país, Bepensa, cuya mayor fortaleza recae en la franquicia Coca-Cola en la Península de Yucatán y República Dominicana, pero al margen de tal emporio han realizado fraudulentas sociedades con los exGobernadores Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal, para un sinnúmero de ilícitos que permanecen impunes por la única explicación racional de una sociedad, lo que concuerda con el “modelo de negocios” que denominamos en edición anterior LA DICTADURA PERFECTA.
Hemos denunciado también al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, sin cuya complicidad y encubrimiento, no podrían existir tales MAFIAS AGRARIAS, y en ese sentido Es necesario señalar a los titulares que desde su creación han protegido deliberadamente a estos delincuentes: Angélica Araujo Lara, Humberto Gómez Mendoza, César Escobedo May, y hoy Carlos Viñas Heredia, quienes han velado por intereses propios y de sus jefes, en lugar de honrar su labor de funcionarios públicos, y velar por los del pueblo y de manera muy particular de los que menos tienen, como fue el caso Patrimonio Kanasín donde se rebasó la ilegalidad por haber sido INHUMANO.
De la misma forma como denunciamos a titiriteros de esta mafia agraria en Gobiernos evidentemente PRIANISTAS, como es el caso de Ulises Carrillo Cabrera y Álvaro Juanes Laviada, también denunciamos al exregidor y exfuncionario Nerio Torres Arcila, quien después de su fallida carrera política, fue reclutado por Ponce Díaz y Ponce García, como titiritero personal, a cargo de la vinculación con colegas titiriteros en el Gobierno Estatal.
PERO LA NOVELA LLAMADA PATRIMONIO KANASÍN AÚN NO TERMINA, pues en los años 2013 y 2014, el entonces Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), JORGE CARLOS RAMIREZ MARÍN, “gestionó” cerca de $700 millones de pesos para el IVEY, “etiquetados” para que éste comprara a Patrimonio Kanasín, S.A. de C.V., los terrenos ROBADOS, y devolver así sus casas a los afectados.
NO SE CONFUNDAN LECTORES, Jorge Carlos Ramírez Marín es la última y probablemente la MÁS IMPORTANTE PIEZA DE ESTE MEGAFRAUDE, pues al realizar tal acto intentó legitimar las acciones de despojo de Patrimonio Kanasín, S.A. de C.V.
Una burda simulación para cerrar el círculo de un gran atraco, con un jugoso porcentaje para las arcas personales de Ramírez Marín, además de miles hectáreas en el corazón de la zona henequenera.
Si el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34 ya decretó nulas las asambleas fantasma que permitieron el fraude de Kanasín, así como todo acto jurídico que de ellas derivaron, entonces los casi $700 millones de pesos que Ramírez Marín entregó al IVEY, resultarían un “Pago de lo Indebido”, y por tratarse de recursos públicos, tendrían que generarse multas, actualizaciones y recargos, elevando exponencialmente este importe.
QUE RESPONDAN LOS GOBERNANTES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SUPUESTOS EMPRESARIOS ANTES CITADOS, PRIMERO, ¿QUIÉN VA A DEVOLVER AL ESTADO LA CIFRA YA EN MILES DE MILLONES “GESTIONADOS POR RAMÍREZ MARÍN”?, SEGUNDO, ¿QUIEN VA A INDEMNIZAR A LAS 7,500 FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR CASI 10 AÑOS?, Y TERCERO, ¿CUANTOS FRAUDES MÁS SEGUIRÁ SOLAPANDO EL GOBIERNO EN TURNO Y LOS QUE PIDEN EL VOTO DEL PUEBLO EN LAS ELECCIONES, A EMPRESARIOS FRAUDULENTOS COMO LOS HOY REFERIDOS POR SER LOS PRINCIPALES, MÁS NO LOS ÚNICOS BENFICIARIOS DE SAQUEAR AL PUEBLO Y A LA NACIÓN SISTEMÁTICAMENTE?
Esperemos que el atinado fallo del Tribunal Unitario Agrario se convierta en la ficha de dominó que genere un efecto en cascada, para que caigan todos y cada uno de los corruptos y mafiosos que han saqueado al pueblo, y de antemano avisamos que a pesar del acoso gubernamental, este medio seguirá difundiendo las verdades incómodas hasta que cesen.
AM.MX/fm
