TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- El Congreso mexiquense analizará la iniciativa para expedir una nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México que busca generar los cimientos de una actividad asistencial que beneficie más a la población mexiquense y contribuya a reducir las desigualdades y avanzar en el combate a la pobreza.
En sesión deliberante, el diputado Faustino de la Cruz Pérez (Morena), vicepresidente de la Directiva, expuso que la iniciativa busca integrar a esta norma el lenguaje incluyente y adecuar las sanciones administrativas, las funciones de supervisión y verificación, así como los procesos de transparencia y control de las instituciones asistenciales privadas.
La propuesta del titular del Ejecutivo estatal también busca integrar, como parte de los ejes rectores de la actividad asistencial, los principios de igualdad de género, respeto pleno de los derechos humanos y de la dignidad personal, además de reconocer al voluntario como la persona que realiza aportaciones en servicio sin remuneración alguna que correspondan al objeto de las instituciones de asistencia privada, evitando con ello la configuración de una relación de trabajo, entre otras.
También incorpora preceptos jurídicos para distinguir entre las atribuciones de la Junta de Asistencia Privada y plantea la eliminación de la figura del presidente de la Junta para que sea dirigida por el órgano de gobierno presidido por quien resulte electo de una terna formulada por las instituciones de asistencia privada, el cual será nombrado por el Ejecutivo estatal y tendrá la obligación de rendir un informe anual de actividades.
Además, define los requisitos para la constitución de fundaciones y asociaciones, regula las cuotas de recuperación, establece los criterios para aplicar las sanciones por el incumplimiento de esta ley y dicta los criterios para la regularización, extinción, cancelación y liquidación de las instituciones de asistencia privada, además de que da paso a la creación del órgano interno de control. Esta iniciativa fue remitida para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social.
También remitida por el titular del Ejecutivo estatal, la Asamblea plenaria turnó a las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático, la iniciativa para autorizar al ayuntamiento de Chalco a concesionar el servicio público de disposición final y recolección de residuos sólidos por un período de 20 años, presentada al Pleno por la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), vicepresidenta de la Directiva
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