Miguel Tirado Rasso
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Malestar, indignación y asombro, es lo provocado por la acción penal emprendida, por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de 31 científicos y académicos, a los que se les imputa la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y peculado.
Todo un espectacular caso criminal de delitos graves, de los que podrían derivar sentencias hasta de 82.5 años de prisión.
Para los presuntos responsables de estos ilícitos, el ministerio público ha solicitado, en una saña que no se explica, la prisión preventiva, pero no en cualquier penal, si no en el de mayor seguridad del país, el del Altiplano (Almoloya). Seguramente en consideración a la alta peligrosidad que representan las mentes de estos académicos. Además, bajo el argumento de la posible fuga de los imputados, ante la dureza de la pena máxima aplicable, la autoridad optó por solicitar al juez una orden de aprehensión, en lugar de “un citatorio para una audiencia de imputación.” ¿Será que, en el caso de este grupo de académicos, el principio de presunción de inocencia no opera?
La severidad con que la autoridad ha actuado, ha causado sorpresa o, al menos, incomodidad entre algunos personajes de la 4T. “Es un exceso que la Fiscalía General de la República (FGR) acuse a los 31 científicos del Conacyt por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada”, declaró la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum. Una exageración, lo considera el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal,”…Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de los científicos”, afirmaría el también Coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta.
No se diga, en el sector académico. Despropósito y acusación inconcebible de asociación delictuosa, lo calificó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Cese al “hostigamiento contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT) y ex funcionarios del CONACYT”, demandó un grupo de investigadores reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. La comunidad del Colegio de México, reclamó lo que considera uso faccioso de las instituciones. El Tecnológico de Monterrey y el Sindicato de Personal Académico de la UAM, entre otros, manifestaron su apoyo al grupo de científicos y exigieron el desistimiento de las acusaciones en su contra. Una reprobación generalizada a la actuación de una Fiscalía, de la que se esperaría esa misma mano dura y celo por aplicar la ley, para casos en contra de verdaderos criminales.
Al grupo de investigadores se les acusa de haber desviado, entre 2002 y 2018, más de 470 millones de pesos de recursos públicos en favor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, institución creada por ellos, según la denuncia de la Fiscalía, para realizar sus actividades. Pero resulta que esta institución fue creada por la Ley de Ciencia y Tecnología (DO 5 de junio de 2002), artículo 36, “como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”.
Se les imputa desvío de recursos públicos hacia el Foro, y derroche de los mismos en viajes, comidas, asistencia a congresos, organización de coloquios, lujos y extravagancias. Pero, por ley, el Foro, entidad pública, podía recibir recursos del Conacyt, y, de las auditorías practicadas a lo largo del período cuestionado, no aparecen irregularidades en el gasto que ameritaran sanciones. Por eso, la SCJN, aunque sobreseyó el amparo contra la negativa del Conacyt de otorgarle recursos al Foro, por el cambio de estatutos, reconoció la legalidad de la operación del Foro y su derecho a recibir recursos en base a la ley anterior.
Las complicaciones que ha enfrentado la FGR y por las que un juez le ha negado, hasta en dos ocasiones, la orden de aprehensión en contra de los investigadores, derivan de que los recursos recibidos por el Foro, están amparados por la Ley que lo creó. Y suponiendo que hubieran incurrido en excesos, estarían muy lejos de caer en los supuestos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero, según informó la FGR, insistirá, por tercera vez, en que se detenga a los indiciados. Una obsesión que llama la atención y preocupa.
