Mouris Salloum George
La cifra rebasa las 73 mil personas desaparecidas desde el 1ero de diciembre de 2006, y con miles de fosas clandestinas y cuerpos de personas sin identificar, (poco mas de 21 mil en esta administración).
A pesar de las buenas intenciones en los hechos el gobierno de la 4T continúa sin materializar y bajar los índices del terror cometidos desde administraciones pasadas, pero sin lograr poner mano firme contra las organizaciones criminales y atender con eficacia y apoyar a las familias en la búsqueda de sus seres queridos.
30 de agosto, Día de conmemoración internacional de las víctimas de desaparición forzada, se cumple un año de que el subsecretario Alejandro Encinas presentara un plan de 7 acciones para apoyar a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Dicho plan fue expuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador donde se fijo en su tercera acción contemplada “la invitación oficial al comité contra la desaparición forzada de la ONU para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del año 2020”.
Es la solicitud que se ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas, muy similar a la que fue presentada en 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar. Porque el gobierno de Peña Nieto quería una visita con limitaciones al marco de actuación del comité. Conforme a la convención de la ONU en materia de desapariciones forzadas, dicho comité es el responsable de vigilar y garantizar que los países cumplan con las obligaciones que les impone la convención, sobre todo vigilar que se proteja y se garantice el acceso a la justicia de las víctimas y de sus familiares y así el país de que se trate debe ofrecer las facilidades necesarias para su desarrollo.
A estas alturas, es insostenible que el estado mexicano se niegue a una visita para que se exponga la gravedad de la situación de desapariciones en el país.
