TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- En la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección del Parlamento Abierto para la reforma constitucional y legal de la entidad, las y los parlamentarios acordaron en favor de la iniciativa para establecer en la Constitución que toda persona tiene derecho a la salud y que corresponde al Estado implementar los programas de salud popular para garantizar este derecho.
La iniciativa de la agrupación Misión Rescate México, a través del parlamentario Horacio Rodríguez Jiménez, agrega que el Estado garantizará la suficiencia presupuestal para creación y operación de hospitales y clínicas para la atención de la ciudadanía, para garantizar el abasto de medicinas, así como para establecer un salario digno para el personal que labora en el Sistema Estatal de Salud.
Durante la sesión, la propuesta de Vianney Guadalupe Fragoso Hernández, de la misma agrupación, de establecer en el texto constitucional que se considera persona humana al ser desde la concepción y hasta su muerte natural, tras un amplio debate, obtuvo 22 consensos, 23 disensos y cinco abstenciones.
Ante esto, el secretario técnico del Sectec, Rubén Islas Ramos, expuso que, independientemente del número de consensos y disensos que tenga una propuesta, se incluirá en el informe final que se le presentará a la LX Legislatura. “Así que no es un asunto de quien gana o quien pierde, continuó, en el entendido de que vivimos en un estado en donde hay una pluralidad de forma de pensar y entender las realidades y lo que el Secretariado hará es entregarle esa pluralidad a la Legislatura”.
Se determinó, además, proseguir la deliberación del tema para el próximo sábado 10 de julio a partir de la iniciativa de Cristian David Badillo Gutiérrez que plantea el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
También alcanzó consenso la iniciativa de Víctor Hugo Escobar Mendoza para que el Estado reconozca a la cooperación internacional como derecho ciudadano y humano, y de René Pérez Zenil para que los gobiernos estatal y municipales no coarten la libertad de expresión.
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