TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- El Congreso Mexiquense emitió la declaratoria de aprobación del decreto por el que se incorporan a la Constitución Política estatal los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, consolidándolos como un derecho de las y los mexiquenses y una obligación en el servicio gubernamental, contribuyendo a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, así como a una gestión orientada por los resultados.
Aprobada por el Pleno legislativo el pasado 16 de marzo, la reforma constitucional se envió a los 125 ayuntamientos, que comunicaron su voto a la Diputación Permanente para proceder a su declaratoria y enviarla al Ejecutivo estatal para los efectos procedentes.
La reforma modifica los artículos 19, 125 y 129 de la Constitución Política local, para armonizar su texto con el de la Constitución Federal y establece que los recursos, cuya captación y administración corresponda a las autoridades estatales, municipales y órganos autónomos, se aplicarán con base en dichos principios, garantizando la atención a las necesidades de la población.
Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios estarán orientados a la asignación prudente de los recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y los beneficios para la población.
Establece que, cuando las licitaciones a las que hace referencia la propia Constitución no sean idóneas para asegurar dichos principios, las leyes establecerán las bases, reglas y requisitos para acreditarlos.
Además de que quienes integran el servicio público tendrán la obligación de aplicar, con base en estos principios, los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
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