Gloria Analco
Los históricamente intocables –gobernadores o virreyes, como mejor gusten llamarlos- están por recibir una durísima estocada que los convertiría en la casta exquisita más vulnerable del país.
Por eso, el tono de la carta de la Alianza Federalista a la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) –el pasado 14 de mayo- era además de urgirla a definirse en el caso del desafuero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también a manera de ejercer una fuerte presión para un fallo a favor del tamaulipeco, que terminaría siendo para todos los gobernadores, quienes se quieren mantener impunes por sus acciones de corrupción.
Fuera de las leyes no puede ejercerse presión alguna, pero parecen desconocer esto por la mala costumbre de usar el tráfico de influencias, además de que todavía creen ser parte de la realeza política, a pesar del grosor de sus expedientes criminales que algunos de ellos saben muy bien que los tienen por robar y saquear, y olvidarse por completo de que su real papel era gobernar de la mejor manera posible, para todos sus ciudadanos. Pero eso, ni se lo han planteado.
Tienen la mentalidad de que son la crema y nata de la sociedad, no asocian su cargo a una responsabilidad social y política, sino a una oportunidad para enriquecerse, y ven como ciudadanos de segunda clase a sus gobernados, para colmo.
La verdad de las cosas, ahora los gobernadores, si no quieren caer en desgracia, deberán ceñirse a la idea de que se acabaron las dinastías políticas junto a su servidumbre y bienes mal habidos, pues solo así daremos paso a una sociedad verdaderamente democrática.
¡Cae un gobernador por corrupto, y detrás todos los demás!, es letra ya escrita.
La era vergonzosa para los estados de la República, donde el saqueo y la ausencia de la gobernanza fueron el pan de cada día por parte de muchos gobernadores, parece haber llegado a su fin.
Y digo “parece”, porque este lunes 17 de mayo que escribo, sigue sin aparecer la dichosa orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca –como más se le conoce-, y es desesperante, porque todo indica que ya se fugó de nuevo, pretextando una gira de trabajo por los Estados Unidos y Canadá, supuestamente para atraer inversiones para su estado, entre otras cosas, fingiendo que sigue siendo un gobernador en toda forma.
Desde que la Suprema Corte emitió su veredicto –el pasado 14 de mayo- sobre la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, reclamando tener la última palabra sobre el fuero de su gobernador, como no decía las palabras mágicas “se aprueba la eliminación del fuero por parte de la Cámara de Diputados”, Cabeza de Vaca, quién ese mismo día reapareció en Tamaulipas horas antes del fallo de la corte, diciendo, con desfachatez: “Tienen gobernador para rato”, se prestó a una estrategia pueril y completamente fuera de orden, asumiendo falsamente que la SCJN había fallado a su favor.
Desde luego que Cabeza de Vaca es asesorado por el bloque de empresarios, partidos políticos y medios, denominado “Va por México”, que le aconsejaron hacer la faramalla de que el fallo de la corte le regresaba el fuero.
¿Con qué propósito? Desestabilizar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde luego, presumiendo que el Presidente no las trae todas consigo. Cualquier cosa sirve a la oposición en estos tiempos previos a una elección de la importancia que tendrá lugar el próximo 6 junio.
Desde luego que esos grupos han querido interpretar, con fines de propaganda política, que el desafuero de Cabeza de Vaca obedece a una persecución política, y no a los graves delitos que él ha cometido, y que incluso Estados Unidos contribuyó a reforzar aportando más pruebas en su contra, además de alegar que no tiene fundamento jurídico, y que a final de cuentas se trata de una intromisión del Presidente en asuntos electorales, et., etc., etc.
El fondo de la cuestión es que estas cosas están sucediendo por los excesos en que han caído los gobernadores en materia de corrupción, lo cual han llevado a niveles de escándalo internacional.
No hay medio internacional de Occidente que no haya detallado la corrupción de los gobernadores mexicanos, asombrándose sobre todo de que la justicia no haya caído sobre ellos en la gran mayoría de los casos, a la vez que observan que continúan en esta dinámica sin que nada parezca frenarlos.
Esa conducta de la mayor parte de los gobernadores, ha profundizado la desigualdad económica de sus gobernados, al favorecer a grupos económicos y políticos en el reparto de los presupuestos estatales, y dejando en estado de indefensión a sus ciudadanos.
En las redes sociales lleva tiempo un clamor que le pide al Presidente López Obrador erradicar la corrupción y encarcelar, sobre todo, a los políticos que más se les conocen esas manías, empezando por los ex presidentes de México.
López Obrador hizo una promesa, de que México ya no sufriría a manos de líderes corruptos, todo México está esperando, aunque se sabe que las cosas no son tan sencillas.
