CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la discusión del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería del Puerto, consideró que es una “ley embudo” porque sólo se beneficiará al actual gobierno y deja en incertidumbre a inversionistas del sector y no combate el contrabando de combustibles.
“Estamos ante un dictamen que pretende modificar una ley que yo la denominaría una ley embudo, una ley confiscatoria, una ley expropiatoria, por qué, porque habla de cosas donde solamente hay beneficios para el gobierno y para los participantes en el sector, simplemente no hay equidad y no hay un equilibrio mínimo”, remarcó el legislador.
El legislador veracruzano explicó que esta ley es un verdadero atropello, ya que donde habla de la revocación de permisos, llega a decir que puede hasta quitar las instalaciones a la iniciativa privada. Y es expropiatoria porque a partir de la suspensión de los permisos a través de la Secretaría de Energía o de sus órganos, no hay nadie en este país que no sea Pemex para que pueda ser el único cliente.
“Estamos ante una expropiación tácita, estamos hablando de una expropiación en la práctica, es una iniciativa que elevará los precios de los combustibles e instaurará la discrecionalidad con las facultades metaconstitucionales que se le otorgan a la Secretaría de Energía, y, además deja con incertidumbre a los inversionistas del sector energético y no explica cómo se va combatir el comercio ilegal de gasolinas y diésel”, precisó.
Rementería del Puerto subrayó que se está instaurando en nuestro país la discrecionalidad, y mencionó 12 artículos (6 normales y 6 transitorios), donde plasma el avasallamiento que pretende hacer este gobierno al sector energético.
“Estamos precisamente ante una iniciativa como ya lo he dicho, que instaura la discrecionalidad, que logra la verdadera incertidumbre y que le da todas las facultades al gobierno para hacer y deshacer en este sector, tan solo en el artículo 59 Bis, podríamos hablar que es verdaderamente inconstitucional, porque habla del procedimiento para que te puedan quitar tus instalaciones, tu empresa, es un peligro verdaderamente inminente para poder lograr en México, la estabilidad hasta del precio de los combustibles”, concluyó.
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