CIUDAD DE MÉXICO.- En el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) estamos convencidos que es fundamental realizar, desde todos los rubros, acciones que coadyuven a la lucha contra la delincuencia, sin embargo, en el caso de las reformas aprobadas a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la mayoría del Senado de la República, estamos claros que no se cumple con esta tarea.
Lo que plantea la argumentación del dictamen aprobado, en el sentido de combatir la inseguridad, es claro que se acompañaría, sin embargo, el momento decisivo es cuando vemos el articulado, en el que se advierten una serie de violaciones constitucionales y una suma de afectaciones a diversas garantías. Por ello, el GPPRD manifestó su voto en contra.
“Desde la reunión de comisiones estuvimos haciendo diversas exposiciones de qué se podía hacer para mejorar el dictamen; escuchando a la sociedad civil, a los operadores que se van a volver autoridades responsables para efectos de amparo, los concesionarios, y escuchando también al IFT que no está de acuerdo con tener este padrón”, indicó el coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Mancera Espinosa precisó que uno de los rubros polémicos es la creación de un padrón, el cual estará integrado por datos biométricos de las personas usuarias de telefonía móvil y al que podrán tener acceso directo todas las autoridades involucradas en la procuración y administración de justicia, lo cual podría vulnerar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales.
“Esta ley lo que dicen es que va a combatir la extorsión, imagínate si un extorsionador primero va a ir a registrar su celular y luego se va a dedicar a extorsionar, pues no, obviamente van a utilizar las sim que tengan de Estados Unidos, Guatemala, Belice, no necesariamente los que estén registrados; lo que sí es que tiene una afectación económica y una imposición de operación para los concesionarios muy complicada”, señaló.
El coordinador parlamentario insistió en que es muy delicado que se pueda acceder de manera directa a “un padrón mucho más amplio que el propio padrón que tiene el INE, son 125 millones de personas”. A ello se suma la obligatoriedad que se estipula de formar parte de este registro.
“Lo que se advierte aquí es que va a haber entre acciones de inconstitucional hasta juicios de amparo, por muchos de los usuarios, porque hay irretroactividad de la ley, ¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, y si no en 30 días te van a cancelar la línea”, agregó.
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