CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) advirtió que la firma de un acuerdo entre dirigentes sindicales, cámaras empresariales y gobierno sobre las modificaciones a la subcontratación supondrá un escenario más complejo para esta industria.
“Con la eliminación de la subcontratación de personal, muchas empresas tendrán que transitar a ser firmas que contratan por especialización, sin tener el conocimiento de cómo ajustarse a la iniciativa, y aún cuando haya un tiempo de prórroga. En otros casos, cerrarán y habrá algunas empresas que recurrirán a la simulación para seguir operando sin tener que abrir nuevas razones sociales”, ejemplificó.
Detalló que 9 de cada 10 empresas no tendrán posibilidades de contratar de manera directa a todo el personal. A su vez, cabe recordar que de acuerdo con datos de la Confederación Mundial de Empleadores, México ocupa el cuarto sitio en la contratación vía subcontratación con 4.7 millones de trabajadores en el modelo de tercerización.
Hay organizaciones que tienen la capacidad de tener todas las especialidades bajo el mismo techo, pero son pocas, más bien la mayoría no puede darse ese lujo y aquí el riesgo es que al no cumplir con el esquema como lo requiere el Gobierno, sean acusadas por evasión, apuntó el director.
En opinión del director, aún con este acuerdo el debate está lejos de concluir. Refirió, a su vez, otros impactos:
Es positivo que se quiera mejorar las condiciones de los trabajadores, incluso, llevar un registro de las empresas que ofrecen servicios de subcontratación, pero habría que empezar por regular esquemas más opacos, como las cooperativas, los sindicatos, o los pagos por asimilados.
De no eliminarse la corrupción dentro de las instituciones que han permitido esta práctica evasiva, los fraudes no se detendrán, por el contrario, este acuerdo es un tipo de incentivo para ir la informalidad.
Las empresas que ofrecen el servicio pueden ampararse de forma constitucional, con lo cual puede verse un incremento en los litigios en este tema.
Cualquier aspecto derivado de la prohibición de la subcontratación tiene consecuencias directas en la pérdida de empleos formales, que se generan cuando se utiliza este esquema de manera legal, y suman a la fecha más de 4 millones de puestos. Se pone en riesgo entre uno y dos millones de plazas.
“En el Centro de Estudios estamos en contra de cualquier cambio que perjudique al empleo decente y formal. Este acuerdo pactado resulta arbitrario, al obedecer exclusivamente a los intereses de grupo, vulnerando la generación y recuperación de empleos en el país”, concluyó Armando Leñero.
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