CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Óscar González Yáñez (PT), aprobó diversos dictámenes, con el objetivo de eficientar los marcos normativos enfocados a la rendición de cuentas y acceso a la información pública y, con ello, asegurar mejores condiciones en los mecanismos diseñados para combatir la corrupción.
Durante su reunión semipresencial, las y los legisladores aprobaron con 19 votos a favor el dictamen sobre diversas iniciativas que reforman artículos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de conceptos de corrupción y principios, a fin de establecer la disciplina y la rendición de cuentas como ejes rectores del servicio público.
Además, aprobaron con 20 votos a favor el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para suprimir términos que ya caducaron como “Distrito Federal” y el de Unidad de Medida y Actualización.
En este sentido, la diputada del PAN, Gloria Romero León, detalló que con estas reformas se eliminan conceptos como “Estatuto de Gobierno del Distrito Federal”, “Asamblea del Distrito Federal” y “Órgano Ejecutivo del Distrito Federal”.
Por su parte, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) agregó que el objetivo de esta modificación es homologar y actualizar diversos términos del contenido de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
También se aprobó el dictamen que reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de otorgar puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) se manifestó a favor porque se trata de la homogeneización de esta ley con otras para integrar la igualdad de género en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y financieros, y en el marco cultural de instituciones, organizaciones y espacios públicos y fomentar una mayor participación de mujeres en procesos de contratación en el sector público.
También de Morena, la diputada Beatriz Rojas Martínez refirió que es de gran importancia acompañar los esfuerzos en esta materia e impulsar la aplicación transversal del enfoque de género en todos los espacios públicos. Además, contribuye al cumplimiento de la Meta 5 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que establece la necesidad de incorporar los derechos económicos y el acceso a la propiedad y el control de la tierra y a otros tipos de bienes, sobre todo a las mujeres de la zona sur del país.
La diputada Ximena Puente de la Mora (PRI) comentó estar a favor porque es muy importante la participación de la mujer e incentivarla por medio de acciones afirmativas para incorporar y promover la igualdad de género como principio constitucional laboral en el caso de empresas.
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba se pronunció a favor del dictamen porque es una acción afirmativa “bien hecha”. Señaló que “a veces se dicen muchas cosas, pero no se materializan”, por lo que llamó a votar en pro del dictamen
Se avaló, asimismo, el dictamen sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia de programas de integridad de los servidores públicos.
Se consideró que las propuestas de reforma son consistentes con las políticas públicas y acciones presentadas por diversos órdenes de gobierno, con el objeto de combatir la corrupción a través de mecanismos preventivos y de educación que permitan un mejor actuar por parte del funcionario público.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) propuso modificar el dictamen y eliminar la fracción XI del artículo 2º; también, reformar el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quitar la palabra “deberán” y cambiarla por “podrán”, por cuestiones de impacto presupuestal.
La diputada Carolina García Aguilar (Encuentro Social) promovente de la iniciativa, consideró que el combate a la corrupción es esencial en esta administración y se tiene la responsabilidad de fortalecer ordenamientos jurídicos para llevarlo a buen puerto y brindar al país mejores condiciones de vida.
Finalmente, se aprobó el dictamen para adicionar el artículo 122 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para estipular como causa de rescisión de los contratos de asociación público-privada, la existencia de actos de corrupción durante el diseño, conformación y ejecución de la obra que afecten, atenten o dañen las finanzas públicas federales, estatales o municipales, según sea el caso, los cuales serán sancionados conforme a las leyes vigentes.
Todos los dictámenes aprobados se enviaron a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.
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