Francisco Gómez Maza
• Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, ha sido implacable con los más grandes evasores fiscales
• Por ello fue enlistada por la ITR entre los 50 influencers más destacados en política fiscal internacional
Lograr que las más poderosas empresas, llamadas personas morales o contribuyentes mayores, paguen al Fisco sus millonarias deudas fiscales, ante las cuales los gobernantes de México se hacían de la vista gorda, por amistad o por corrupción, realmente es trabajo de titanes. Convencerlos sin cuero y sin palo debe de ser de expertos en el diálogo conciliador. Sin amenazarlos con cárcel.
Pues eso ha hecho Raquel Buenrostro Sánchez, la cabeza ejecutiva y ejecutora del Sistema de Administración Tributaria mexicano (SAT), tanto que la International Tax Review (ITR) la incluyó en la lista de las 50 personalidades más influyentes del globo terráqueo, en materia de política fiscal internacional, el llamado “Global Tax 50”.
En esa nómina ha incluido la ITR, por mencionar dos que tres de los más conocidos influencers, a Amy Coney Barret, jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica; a Pascal Saint-Amans, jefe fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y al recién inaugurado presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joseph Biden (Joseph Robinette Biden Jr.)
Buenrostro Sánchez fue elegida por la ITR por su evidente intenso trabajo para recuperar miles de millones de pesos evadidos por poderosas empresas nacionales y extranjeras, que no enteraron sus obligaciones fiscales durante los años del capitalismo salvaje, que imperó en la economía mexicana por alrededor de cuatro décadas.
Pagaban impuestos los contribuyentes cautivos. Generalmente los medianos y pequeños, aunque muchos de estos empleaban contadores mañosos que evadían el pago mediante un sinfín de triquiñuelas o gracias a corromper a funcionarios fiscales. Y si los medianos y pequeños no pagaban lo que debía por artimañas contables. Imagine cuantos miles de millones evadían o eludían los llamados grandes “contribuyentes”.
Pero hubo (y aún hay) grandes empresas comerciales, industriales, bancarias, entre otras, que le debían (le deben) a la Hacienda pública miles de millones de pesos. Y aún la cobranza tardía no termina. Durará años para que el SAT recupere todo lo que muchos empresas, empresarios y políticos, no le han enterado. Más crudamente, le han robado a la nación.
Buenrostro Sánchez, podríamos decir, es el brazo fuerte, sin piedad, quien realiza el trabajo sucio, del gobierno de la 4T, que no perdona ni evasiones ni elusiones fiscales, que gobiernos anteriores perdonaban mediante corruptelas de montos nada despreciables. Ésta podría ser una de las explicaciones de las millonarias cuentas descubiertas por el gobierno en la banca de Mónaco.
“Como parte de una retórica gubernamental más amplia, Buenrostro (Sánchez) ha puesto su mirada en las empresas multinacionales, a menudo calificadas de evasores fiscales por el Gobierno. Ha dirigido sus esfuerzos de aplicación de la ley a los grandes contribuyentes del país y ha amenazado con utilizar cargos penales como parte de la represión fiscal”, reseñó International Tax Review.
Walmart en México, Coca-Cola FEMSA, IBM, grupo minero de plata Fresnillo, con muchas otras firmas bajo un intenso escrutinio, son algunos de los evasores en la mira de Buenrostro Sánchez. Únicamente el año pasado (2020), el Sistema de Administración Tributario abrió alrededor de cinco denuncias por fraude fiscal contra grandes empresas, destacó ITR.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recuperado 736 mil millones de pesos de adeudos de los contribuyentes en los primeros dos años del sexenio, una cifra que permitió al Gobierno garantizar los recursos para la atención de la pandemia y que refleja el esfuerzo de fiscalización que organismos como Fitch y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido.
De lo recuperado, 43 por ciento correspondió a grandes contribuyentes; 41 por ciento a fiscalización y comercio exterior; 6 por ciento a cobranza coactiva, y 10 por ciento a eficiencia recaudatoria.
Durante las dos administraciones anteriores, la de Enrique Peña y la de Felipe Calderón, se condonaron obligaciones de grandes empresas por unos 413 mil millones de pesos. Durante el primer bienio de López Obrador se modificó el artículo 28 Constitucional para prohibir la condonación de impuestos. Además, para abatir la evasión y elusión fiscales, se modificó la compensación universal y a partir del 2020 se equiparó a delincuencia organizada la defraudación.
