MIGUEL ÁNGEL FERRER
Contra los hechos no valen los alegatos. Y en el caso del arresto del general Salvador Cienfuegos por agentes de la policía antidrogas de Estados Unidos, la tristemente célebre DEA, estos son los hechos. Hechos evidentes, documentados e incontrovertibles.
Desde hace muchos años, los gobiernos de Estados Unidos y México establecieron un acuerdo de cooperación en materia de combate y persecución del narcotráfico. Y de pronto, sin aviso previo a su contraparte mexicana, la siniestra DEA, con base en añosos datos, decide capturar a Cienfuegos durante un viaje de éste a territorio estadounidense.
De modo que la agencia gringa incumplió el acuerdo. Y es obvio que no calculó las consecuencias. Acostumbrada la agencia y acostumbrados todos nosotros a la docilidad de muchos gobiernos de América Latina, no era esperable la insumisa respuesta mexicana a la arbitrariedad yanqui.
México protestó y consideró que el incumplimiento del acuerdo implicaba, por cuenta de EU, la ruptura del compromiso. Estaba claro -y está claro- que quien viola un pacto, en los hechos lo está rompiendo.
Y cabe la pregunta: de las dos partes firmantes del acuerdo de colaboración, ¿cuál de ellas tenía y tiene más interés en el mantenimiento del pacto? Y la respuesta no tardó en hacerse presente: Washington cedió y procedió a desfacer el entuerto de la DEA: Cienfuegos fue liberado.
La decisión de liberar al militar no provino, ciertamente, de la DEA. La tomó el fiscal general, es decir, el Departamento de Justicia. Y tuvo que ser convalidada por un juzgado, es decir, por el Poder Judicial. Dicho en otras palabras, la liberación de Cienfuegos fue una decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del Estado yanqui.
El tamaño de la decisión da cuenta del tamaño del problema. Para EU resultaba primordial mantener el acuerdo de colaboración antinarco con México. Y Washington actuó en consecuencia con su primordial interés.
Mientras no soltaran al general no habría acuerdo. Ni el de colaboración antinarco ni ningún otro. Porque quien incumple un pacto puede incumplir todos los demás.
Esa fue la carta que jugó el Presidente López Obrador: los pactos se cumplen o no hay pactos. Lo toman o lo dejan. Respuesta sin amenazas, sin desplantes. Y exigencia de respeto a la palabra empeñada. Y de respeto a la contraparte. México no es una colonia gringa. Ni una semicolonia como lo fue durante el periodo neoliberal que terminó el 1 de diciembre de 2018.
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