Fernando Irala
Seis años se cumplieron de la noche negra en que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala luego de un enfrentamiento con la policía municipal, sin que hasta la fecha se le haya podido dar respuesta a las demandas de justicia y esclarecimiento de los hechos.
Después del pasmo de los primeros días, el gobierno federal de aquellos tiempos intentó construir una versión de lo ocurrido, al amparo de la cual se encarceló al entonces presidente municipal de Iguala, a su esposa, y a un grupo de policías de Iguala y Cocula, acusados de operar la desaparición de los jóvenes.
Pero la versión construida no convenció a los deudos, y luego fue puesta en duda por un grupo de observadores extranjeros. Los cuerpos nunca han aparecido, fuera de un par de restos en que se encontraron coincidencias genéticas.
El actual gobierno prometió desde su primer día hacer una averiguación a fondo, aclarar lo que había pasado con los normalistas y castigar a los responsables.
Han transcurrido veintidós meses, casi dos años desde entonces, pero en el sexto aniversario, los padres de los normalistas encontraron las mismas respuestas: discursos y promesas de justicia; sobre sus hijos nada nuevo y sobre los criminales, tampoco.
Entretanto, los normalistas continúan las actividades que los han hecho famosos, y que de cuando en cuando los colocan en situaciones de riesgo: asaltar casetas de peaje, secuestrar autobuses con sus choferes, bloquear vías de ferrocarril, entre otros ilícitos.
Nada de ello, desde luego, justifica el crimen cometido contra sus compañeros.
Pero nada de eso, tampoco, está en congruencia con sus deberes de estudiantes, para lo cual la Federación otorga presupuesto, becas y materiales, por supuesto con impuestos de todos los mexicanos.
Seis años después, todo sigue igual. O peor.
