Mouris Salloum George
Desde que, en los años ochenta, los tecnócratas mexicanos pusieron a México a lomo de la globalización neoliberal, su discurso anunció la posmodernidad como boleto de ingreso a Las Grandes Ligas. Una de ellas, dicho a manera de ilustración, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Otra, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sería, digamos, la disposición de una administración presidencial civilista, al menos en la formalidad retórica. Algunas de sus pares en América Latina, en cambio, dominadas por regímenes militares enmascarados con la coartada de combatir la subversión, se embarraron de merengue con el supuesto de construir nuevas estructuras económicas y políticas.
Los fines de esas nuevas estructuras serían, dicho dulcemente por sus gestores, la modernización y el desarrollo de sus sociedades. El empiojado peine apareció cuando los gorilas colocaron sus proyectos bajo el paraguas de la Doctrina de Seguridad Nacional, cocinada por El Pentágono y el Departamento de Estado.
La tal “modernización” no sería otra cosa que la anexión de esos países al capitalismo estadunidense, único modelo posible para las naciones latinoamericanas, según el argumento más socorridos de sus exégetas.
El Plan Cóndor y la brutal depredación de los Derechos Humanos
Después del Plan Cóndor ensayado en el subcontinente, el recuento de los daños documentó el masivo y bestial ataque a los Derechos Humanos.
En periodo posterior empezaron a emerger las ciudadanas Comisiones de la verdad. No tan pronto como fuera deseable, la ONU empezó a hacerse cargo de las denuncias contra las dictaduras y puso en marcha las denominadas comisiones internacionales contra la impunidad; no sólo para investigar genocidios, sino, en algunos casos, también crímenes económicos generados en la corrupción pública.
El primer ensayo se ejecutó en Guatemala en 2006, durante la gestión presidencial del civil Óscar Berger. La Comisión contra la Impunidad investigó mil 500 acusaciones, sometió a proceso a 600 y logró condenas contra 400.
Dada por terminada la punitiva gestión de dicho órgano doce años después -sorpresas te da la vida-, el presidente guatemalteco Jimmy Morales y sus secuaces en el Congreso abrieron en 2019 causa judicial contra ex integrantes de la Comisión, acusándoles de diversas irregularidades.
¿Qué se puede concluir de esa narrativa? Que la impunidad es una eterna mordiéndose la cola.
Beneplácito del Estado mexicano a comité investigador de la ONU
Viene a tema el asunto, porque hace unas horas a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Republica le fue notificada la decisión tomada por el Ejecutivo de, conforme la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se daría el beneplácito a un Comité de la ONU para que reciba e investigue denuncias por hechos presumiblemente constitutivos de delitos.
Lo que sigue es que, luego de iniciarse el periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura dentro de cuatro días, la Permanente turne la notificación al Senado de la República con facultades para sancionar el acuerdo presidencial.
¿Qué agentes del Estado mexicano de los anteriores sexenios y del actual serán sujetos de la gestión del comité de la ONU? Seguramente dependerá de la audiencia que se abra a las organizaciones de la sociedad civil y a familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas.
No adelantamos especulaciones. Hacemos votos porque esa iniciativa no corra la misma suerte de la Comisión contra la Impunidad que actuó en Guatemala, donde las cosas están pasando a Guatepeor.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
