Francisco J. Siller
Emilio Lozoya Austin presentó la mañana de este martes una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de quienes recibió instrucciones para distribuir alrededor de 400 millones de pesos en sobornos de la brasileña Odebretcht.
De acuerdo al Fiscalía General de la República, dichos recursos fueron usados en la campaña presidencial de 2012 y posteriormente para la aprobación de las reformas estructurales. Lozoya sostiene sus dichos con recibos, testigos y un video.
El fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer qué ya hay en curso una carpeta de investigación por lo que se realizarán las diligencias para la ratificación de la denuncia, el interrogatorio a testigos y los análisis periciales de las pruebas presentadas por Lozoya.
Vaya forma de librar la cárcel del exdirector de Pemex, al acusar directamente a su amigo, el expresidente Peña Nieto. De Videgaray, no extraña porque es sabido de la enemistad que existe entre ambos funcionarios y que en un duelo de poder, le costó a Lozoya el despido de la petrolera.
Así las cosas, tanto Peña como Videgaray podrían sentarse en muy poco tiempo en el banquillo de los acusados, aún cuando el juicio sumario en su contra ya se gesta entre las paredes del Palacio Nacional, donde todos son culpables, sin derecho a cualquier condición de inocencia.
El exfuncionario quien se encuentra en libertad, en calidad —no escrita— de testigo colaborador, se convirtió en acusador al presentar la denuncia penal. Sin embargo aún tiene que probar que sus evidencias son contundentes y valederas ante un juez y en un juicio público sujeto a las leyes y garantías constitucionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador por fin tiene una acusación firme contra el expresidente Enrique Peña Nieto —o así lo piensa— y la mejor manera de probar el fraude electoral del 2012 y ya tiene en la mira a Felipe Calderón por el de 2006.
Sin embargo Gertz Manero fue claro al señalar que “en el caso de que sea procedente (la denuncia), a las personas que él imputa, los llamaremos a declarar”. No vaya a resultar que al final todo quede en el juicio mediático de las redes sociales y del juicio popular al que llama López Obrador.
Pero el daño está hecho y será cacaraqueado miles de veces en los próximos días, semanas y meses y utilizado para debilitar a la oposición y nulificarla para las elecciones intermedias del año próximo, porque implicará a legisladores y partidos políticos.
Según Lozoya, se entregaron 300 millones de pesos —por instrucciones de Peña y Videgaray— en números redondos a legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político, destinados a aprobar las reformas estructurales, en especial la energética.
De los primeros cien millones que recibió de Odebrecht, estos se destinaron a asesores extranjeros que trabajaron en la campaña presidencial del 2012 y la Fiscalía tendrá que investigar a fondo, porque ese dinero no quedó aquí y fue pagado fuera de México.
Por lo pronto el testigo colaborador dio ya cinco nombres que la fiscalía guarda celosamente. Corresponden a un exdiputado y cinco exsenadores y seguramente tiene más bajo la manga, que los irá soltando poco a poco, según convenga a su defensa, en el intento de evitar pisar la cárcel.
En Palacio Nacional se esperaban las declaraciones de Lozoya, pero con seguridad, nunca se esperó que fuera él quien levantara una denuncia penal para convertirse de víctima a victimario, de indiciado a parte por demás importante de la maquinaria acusatoria del estado.
López Obrador ha insistido en que no es un hombre rencoroso que busca venganza entre sus enemigos políticos —léase Para y Calderón—, que será el pueblo y no él quien decida si se les juzga o no. Sin embargo, peones, alfiles y alguno que otro caballo, han caído uno a uno.
