Pablo Cabañas Díaz.
Los abogados de José Ángel Casarrubias, mejor conocido como “El Mochomo” quien se encuentra vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, la semana pasada participaron de un soborno de varios millones de pesos entregado al personal del juzgado Segundo del Distrito Penal del Estado de México a cambio de que le dejaran en libertad. Esta vez la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), grabó la conversación de forma legal en medio de la investigación que mantiene en contra de Casarrubias y de su entorno familiar cercano. En el audio un hombre entabla comunicación telefónica con Francelia l Patiño, madre del “Mochomo”, en la cual da un contexto del avance de la negociación para la liberación de Casarrubias.
En México, en el total de delitos consumados, solo hay un 4.46% de sentencias condenatorias , en contraste, la impunidad es cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad, revela el Índice Global de Impunidad México, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
El estudio apunta que “la cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados”.
El Índice precisa que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5. La media nacional entre los países estudiados es de 16, por lo que “el rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales”.
En México se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8%. Las dos principales razones por las que no denuncian son: por pérdida de tiempo y por desconfianza en la autoridad.
Jueces y magistrados tienen patente de impunidad, ocho de cada diez acusados continúan en el cargo a pesar de que hay graves acusaciones en su contra. La destitución de un juez federal en México es algo inverosímil. Cada vez se vuelve más frecuente enterarse en redes sociales y medios de comunicación que jueces y magistrados son sobornados, y que no enfrentan sanción alguna. No habrá despido, ni sanción, y en el peor de los casos todo quedará en una sanción administrativa.
El año pasado, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que se aplicaría una política de tolerancia cero; y dos magistrados y un juez fueron destituidos. Con estas acciones se logró ilustrar el dicho del ministro Zaldívar. De acuerdo con el ministro presidente, en los casos o sectores donde ha sido detectado algún caso de corrupción, se combate y se aplica una política en la que no hay espacio para estas conductas. Pero frente a lo que muestran las estadísticas sus palabras no tienen sustento en la realidad.
Hasta ahora, esa política de “cero tolerancia” fue aplicada al magistrado Isidro Avelar quien suspendido por seis meses sin goce de sueldo por sus nexos con un cártel de la droga, y también se le congelaron sus cuentas bancarias. Este caso ejemplificó el máximo castigo aplicado En el ámbito nacional la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Sala Superior de la Corte, y la suspensión indefinida de Jorge Arturo Camero Ocampo, magistrado federal del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien antes de esta sanción otorgó amparos para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, colocan en el centro del debate la forma en que se imparte la justicia. Tenemos una sociedad que cada vez cuestiona más a jueces y magistrados.
En los últimos ocho años, la Judicatura Federal sancionó a 148 jueces y magistrados de circuito por presuntos actos de corrupción, acoso sexual, vínculos con la delincuencia organizada y abuso de poder, entre otros. En México, uno de los grandes desafíos para el país sigue siendo mejorar administración de justicia. Pero al parecer estamos lejos de por lo menos iniciar a esa tarea.
