Mouris Salloum George
Lo hemos dicho repetidamente: El gobierno mexicano se hizo harakiri cuando aceptó instituir -al legislar los órganos autónomos del Estado- un gabinete paralelo al legal y ampliado: Puso en el arrancadero a no pocos Caballos de Troya.
Uno de esos cuadrúpedos tecnocráticos, es la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE). Se deduce de la denominación que tal ente fue creado para combatir prácticas monopólicas u oligopólicas. ¿De veras ha cumplido cabalmente su función primordial?
Hace tres años, en la perspectiva de las elecciones generales de 2018, la CFCE pretendió dictar manuales sobre todo a los conductores de barras en medios electrónicos, imponiéndoles -en franco atentado contra la Libertad de Expresión- la obligación de deslindar la información de la opinión editorial. Quede ahí la constancia.
Para el tema de hoy, tomamos respiro y transcribimos: Acuerdo por el que se Emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (15 de mayo).
No se terminaba de leer tan largo título cuando los que compiten por el mercado de las energías solar y eólica pusieron el grito en el cielo.
La CFCE tomó la iniciativa y de su ronco pecho soltó una controversia constitucional, interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales. Éste aceptó el recurso a trámite y dispuso la suspensión del Acuerdo. Deja abierto el espacio para que el sujeto obligado diga lo suyo.
¿Ejerce o no el Estado la gestión de áreas estratégicas?
En el centro del debate están los intereses de aquellos que dicen abogar por las energía limpias, si bien no se acuerdan del detergente cuando, a la hora de tomar territorios para sus proyectos, no se compadecen de las comunidades, cuyo parecer no es tomado en cuenta o lo compran a las sedicentes representaciones de los pueblos eventualmente afectados.
Ya el togado, a la hora de presentar su ponencia al pleno, habrá de tomar partido, dicho por nuestra parte de manera neutra.
Lo que tenemos a la vista de ese tema es una cuestión de naturaleza constitucional. Conforme el artículo 27 de la Carta fundamental y la Ley de Planeación del Desarrollo Nacional, ¿el Estado mexicano tiene potestad para ejercer la gestión de áreas estratégicas y prioritarias que inciden la salud de la economía nacional?
Otra cosa es inclinar el fiel de la balanza en favor del mercado y lo que nos han dejado tres décadas de experiencia neoliberal, no es precisamente para echar las campanas al vuelo. Esto lo saben bien los comisionados de la CFCE.
Pero se hacen que no.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
