Fernando Irala
Primero en Estados Unidos, luego en México, en medio de la pandemia se extienden protestas contra la brutalidad policiaca, que no es patrimonio de ninguna nación, sino un fenómeno consustancial al funcionamiento de los gobiernos, que aún no atinamos a resolver.
El origen de las protestas fue el asesinato del afroamericano George Floyd, apresado y asfixiado por un policía de Minneapolis.
A ello se le sumó en México el recuerdo –porque el hecho ocurrió hace más de un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, una población escondida en la geografía jalisciense— del asesinato a manos de la policía municipal de Giovanni López, un albañil detenido por no portar cubreboca en tiempos de coronavirus.
En las ciudades de México y Guadalajara, las protestas derivaron en hechos vandálicos, incendios de bienes públicos, destrucción y saqueo de comercios, entre otros.
En la capital del país, luego de una extraña ausencia de la policía local frente al poder desbocado de la anarquía en las primeras horas, la súbita aparición de los uniformados derivó en algunos abusos, señaladamente la agresión contra una adolescente tirada y golpeada en el suelo.
Al escritor francés Jean Paul Sartre se le atribuye la frase de que “la policía es el espacio que la sociedad cede al hampa para su autocontrol”.
Aquí, en principio no había hampa, sino una protesta social.
Es sin embargo complicado justificar cómo la inconformidad cívica puede amparar el daño a monumentos históricos, a bienes propiedad de otra nación y a negocios privados, o agresiones a reporteros. O, como ocurrió en Jalisco, a la acción bárbara de prender fuego a un policía.
La brutalidad policiaca es intolerable y hacen bien las autoridades de cada lugar en condenarla y castigarla.
La pregunta pendiente es qué hacemos con la barbarie impune de quienes, como en la prehistoria de la humanidad, apuestan a las virtudes purificadoras del fuego, y a la vía de generar caos, destrucción y anarquía.
