TLACHINOLLAN, GUERRERO.- El estado de salud de Juan Antonio Flores García, estudiante normalista de Ayotzinapa, hasta anoche era aún grave.
Los antimotines le dispararon a quemarropa un bazucaso de gas lacrimógeno causándole fractura de cráneo.
Los abogados Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la Montaña de Guerrero y Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, de Chiapas, asistieron el martes como Asesores Jurídicos ante agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía Metropolitana, en representación de personas agraviadas en los hechos del domingo 16 de febrero, Madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y estudiantes de la misma escuela y también de la escuela Normal Rural Mactumactzá.
Ocho Personas en total, quienes se querellaron contra quienes resulten responsables por la violencia ejercida en la represión de la manifestación pacífica en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez.
Ayer miércoles el abogado Cadenas Gordillo solicitó a la CNDH la atracción del caso “por considerar que el organismo local carece de imparcialidad y de estar en duda su autonomía”, y por que el caso es de interés internacional debido a que las Madres y Padres de Ayotzinapa tienen Medidas Cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado Cadenas Gordillo pidió a la CNDH revisar el cumplimiento del Protocolo de Desalojo, en sentido de que el director de Ku’untik consideró que en el desalojo violento del domingo 16, no se aplicó correctamente./revista Jovel Sclc
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