Pablo Cabañas Díaz.
Será Brian M. Cogan, juez federal de Nueva York, quien llevará el juicio contra Genaro García Luna quien está detenido en Texas desde el 9 de diciembre. Cogan protagonizó las primeras planas a nivel mundial por ser el juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán hace apenas unos meses. En ese juicio va a salir de nuevo a relucir el nombre de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, quien fue muy cercano a Genaro García Luna. Dos altos mandos señalados entre los más corruptos en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Medina Mora inició como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de 2000 a 2005, fue secretario de Seguridad Pública (SSP), de 2005 a 2006, procurador general de la República (PGR) 2006 a 2009, embajador de México en Reino Unido de 2009 a 2013, embajador de México en Estados Unidos de América de 2013 a 2015 y, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta 2019. Su cercanía con Juan Collado, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, y Diego Fernández de Cevallos lo hace un personaje muy sensible en los temas ultra sensibles que se habrán de abordar en el juicio de García Luna.
A finales de 2018, un testigo colaborador de la fiscalía estadounidense implicó a García Luna, con el Cartel de Sinaloa. Priistas y panistas respondieron cuestionando la veracidad de los dichos de criminales confesos. Un año después, autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna, presentándole cuatro cargos: tres por conspiración para traficar cocaína y uno por corrupción. Por estos cargos, podría enfrentar entre 10 años de prisión y cadena perpetua. Fue el 20 de noviembre de 2018 cuando el primer testigo colaborador de la fiscalía estadounidense –en el famoso juicio contra Joaquín Guzmán Loera– habló de Genaro García Luna. Se trataba de Jesús Reynaldo Zambada García, alias el Rey, hermano menor del Mayo Zambada, socio y compadre del Chapo. Fue el abogado de Guzmán Loera, William Purpura, quien empezó a preguntar por el ex funcionario mexicano.
A García Luna, en el año 2000, Medina Mora le dio el cargo de director de Planeación y Organización de la Policía Judicial Federal. En 2001, García Luna creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la que fue su director general. En noviembre de 2005, recibió el premio de Administración Pública, INNOVA, por “resolver secuestros en tiempo real”. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial. Ellas eran comerciantes indígenas hñähñú, que vendían sus mercancías en el mercado de Santiago Mexiquititlán, Querétaro. En agosto de 2006, agentes de la AFI decomisaron mercancía a varios vendedores ambulantes. Alegaron que era piratería. Cometieron excesos y violencia contra población muy pobre.
La población retuvo a seis de los agentes; demandaron que regresaran las mercancías. Los agentes acusaron a las tres mujeres indígenas de secuestro. Ellas pasaron 10 años en la cárcel, a pesar de la diferencia de fuerzas entre tres mujeres indígenas y seis agentes armados. A pesar de las violaciones de derechos humanos que los agentes cometieron. A pesar que no había pruebas. Finalmente un tribunal colegiado de la Ciudad de México las liberó. El Estado mexicano tuvo que disculparse públicamente sobre el caso, en 2017.
La tendencia a la teatralidad acompañó siempre a García Luna. Por ejemplo, el caso de Rubén Romano, entonces técnico del Cruz Azul. El 19 de julio de 2005, Romano salía de un entrenamiento al sur de la ciudad, cuando fue secuestrado. Los criminales exigían más de 5 millones de dólares. Tras dos meses, el exfutbolista argentino fue rescatado, ileso. Fue ciertamente un operativo exitoso. Sin embargo, hubo un detalle en la liberación: ésta fue televisada “en vivo”. Romano fue exhibido ante los medios portando una playera con la leyenda “Rescatado por la AFI”. Más adelante, Romano narró a la revista Proceso que debió esperar más de una hora en la casa de seguridad; y probablemente se debió a que la AFI esperó a los medios para presentarlo ante el público.
El 9 de diciembre de 2005, Televisa emitió la supuesta aprehensión en vivo y directo de dos secuestradores Israel Vallarte y la ciudadana francesa, Florence Cassez. Un mes después –también en un programa con Denisse Merker–, Cassez advirtió que ella y su pareja no fueron detenidos el día 8 de diciembre y no el 9 de diciembre, como difundió la AFI con ayuda de Televisa. Cassez recibió sentencia pocos meses después. Para 2013, la SCJN determinó ponerla en libertad por irregularidades en el proceso –el montaje televisivo–. Hasta la fecha, Israel Vallarta está detenido y sin sentencia.
En el sexenio de Felipe Calderón–, García Luna, como secretario de Seguridad Pública, pactó con Televisa la producción de una miniserie. La institución pagó 118 millones de pesos a la televisora. El productor Pedro Torres se sirvió de las instalaciones de la corporación para armar la serie. L a transmisión se suspendió; pero el dinero ocupado en la exhibición nunca se transparentó.
Durante la gestión de García Luna, los narcotraficantes eran presentados en los hangares de la Policía Federal; expuestos ante los medios. Montaban en una escenografía con policías encapuchados, portando armas automáticas. En el fondo de la imagen transmitida en noticieros de cadena nacional lucían flamantes helicópteros o aeronaves de la dependencia.
En la calle, “la mano dura” que presumía Calderón y en la televisión la teatralidad del supersecretario armaron la narrativa de la guerra contra las drogas. García Luna enfrentó acusaciones dentro y fuera del gabinete calderonista. El propio Medina Mora – tuvo fricciones con García Luna por la visión de la guerra contra las drogas. El primero sugería la inteligencia financiera, el segundo aplicaba el uso de la fuerza. El resultado fue según cifras oficiales un total de 120 mil personas muertas y más de 20 mil desaparecidos.
