Pablo Cabañas Díaz.
No se puede entender la llegada de Andrés López Obrador a la presidencia de México, sin reconocer la herencia dejada por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). López Obrador fue electo en un escenario de gran insatisfacción popular y de desconfianza de los dos partidos tradicionales de México, el PAN y el PRI.
En 2014, la periodista Carmen Aristegui denunció a Angélica Rivera Hurtado, ex esposa del presidente, por ser dueña de una mansión comprada por un empresario cercano a e Peña Nieto. A continuación, gobernadores del Partido Revolucionario Institucional también fueron denunciados por actos de corrupción, como el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge.
Otros casos también fueron divulgados, los cuales involucraron empresas y órganos públicos mexicanos con compañías privadas, incluso brasileñas, como Odebrecht. La principal medida de Peña Nieto en ese ámbito fue la creación en 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción como parte de las reformas estructurales que propuso en 2012. El Sistema tenía como objetivo “[…] mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción […]”.
Durante seis años persistió la imagen de descrédito del Partido Revolucionario Institucional, conjugada con las denuncias de abusos de poder y corrupción por parte de las fuerzas de seguridad nacional.
El combate a la corrupción fue el principal eje de la campaña de López Obrador. Desde su Proyecto de Nación 2018-2024, señaló a la corrupción como una actividad “sistemática” que debía ser “erradicada” para que el dinero público pudiera ser invertido en actividades fundamentales.
Después de casi ochenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000 y 2012- 2018) y del Partido Acción Nacional (2000-2012), llegó al Ejecutivo el Movimiento de Regeneración Nacional que obtuvo el 53% de los votos, hecho que puede ser explicado por el descrédito de los tres partidos tradicionales de México y por la urgencia de la población de un cambio político en el país. Es en este contexto que Peña Nieto es el presidente peor evaluado con sólo el 18 por ciento de aprobación en el desempeño presidencial.
La imagen de corrupción asociada a su gobierno se agravó con las denuncias por desvío de recursos públicos de algunos gobernadores, como los de Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua. Los tres fueron definidos por Peña Nieto en la contienda electoral de 2012, como “ejemplo” del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo había postulado.
López Obrador recibió un país que ocupaba el lugar 135 de 180 países evaluados en el Índice de percepción de la corrupción, que realiza cada año la organización Transparencia Internacional. a compra a sobreprecio de Fertinal, empresa productora de fertilizantes, y respondió que lo inculpan “de mala fe”.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EU señalan en un informe que el ex mandatario pudo haber recibido un soborno al autorizar la adquisición. Parece ser que fue Peña quien dio el aval a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que se pagara por Fertinal 635 millones de dólares, pese a que la empresa era insolvente.
