Lilia Arellano
“La ley debe mandar, no polemizar”: Séneca.
⦁ Inconstitucional bloqueo de cuentas y extinción de dominio
⦁ Cuantiosos recursos de peces gordos ¿en la mira de la UIF y FGR?
⦁ Gerardo Ruiz, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Medina Mora y CRD
⦁ AMLO advierte no cambiará su estrategia para combatir violencia
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2019.- La Cámara de Diputados aprobó el miércoles reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de cambiar los procedimientos para bloquear el acceso a las cuentas bancarias, quedó pendiente la discusión de una reserva para el martes próximo y, como se sabe, el dictamen otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP la capacidad de congelar las cuentas de los usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio a las personas a quienes se señale por financiar actos terrorismo o por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dentro de las filas del Morena existe una clara división sobre las facultades otorgadas a la UIF, de ahí que se planteara una reserva para eliminar la extinción de dominio sobre los recursos de las cuentas congeladas. Un ejemplo muy claro de los abusos que pueden cometerse respaldados en esta ley lo presentó la diputada Lidia García Anaya, quien, al hacer uso de la tribuna, sostuvo enfática lo absurdo de mantener congeladas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuando los fondos de ésta pertenecen a los jubilados, pensionados, son depósitos de las participaciones federales y estatales, por lo que nunca debieron ser tocadas y, para colmo, pese a los meses transcurridos fue apenas la semana pasada que el Poder Judicial ordenó a la UIF conceda el derecho de audiencia correspondiente. Si existe una clara violación al aplicar a rajatabla criterios de congelamiento, lo que podría verse con la extinción de dominio adquiere dimensiones superiores y si a esto se le agrega el terrorismo fiscal emprendido por la misma Hacienda, ya puede esperarse una gran lluvia de amparos ante la inconstitucionalidad de estas normas.
Existen otros puntos si es que quiere dejarse claro que estas aprobaciones y reformas son, efectivamente, para combatir todo tipo de mafias o son elementos para generar terror ciudadano al ser todo tipo de empresarios y causantes tratados como delincuentes. Habrá que ver si se atreverán a congelar cuentas y a aplicar extinción de dominio a los recursos financieros de ex secretarios de Estado investigados actualmente por la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) como Gerardo Ruiz Esparza o Rosario Robles Berlanga; el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y sus familiares; ex magistrados como Eduardo Medina Mora; o ex gobernadores como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington o Jorge Torres López, sin realizar y concluir un proceso judicial en su contra y con la ausencia de sentencias.
El dictamen general fue aprobado con el voto a favor de 308 legisladores de Morena, PT y PES, con 141 votos en contra del PAN, MC y algunos legisladores del PRI, además de 10 abstenciones. Sin embargo, la morenista Lidia García planteó una reserva para eliminar la extinción de dominio sobre los recursos de las cuentas congeladas por la UIF, la cual fue aprobada con 225 votos a favor y 223 en contra. Esto provocó el enojo de Mario Delgado, líder de la banca morenista en San Lázaro, quien en compañía de algunos de sus compañeros subió a la tribuna para reclamar dicha acción. Otros diputados de oposición hicieron lo mismo y se enfrascaron en gritos, manoteos y empujones. La modificación de García fue respaldada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo cual se logró incorporarla al texto final con apenas dos votos de diferencia.
De acuerdo con lo señalado por la diputada priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, Hacienda no sólo invade la esfera del Ministerio Público, sino además vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia. A su vez, la diputada de MC, Carmen Julia Prudencio, consideró la UIF se presenta como juez y parte, lo que, enfatizó, “es a todas luces un contrasentido, pues no existe certidumbre de las decisiones, determinaciones y resoluciones que emita”. Todo esto hace prever la reforma de referencia deberá ser analizada y avalada o rechazada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
EN LA MIRA
Dentro del combate a la corrupción emprendido por la actual gestión federal, durante los primeros once meses de la administración de López Obrador se han logrado congelar más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares a diversos grupos criminales. En la mira de las autoridades financieras y penales se encuentra, entre un nutrido grupo de ex funcionarios, ex mandatarios y ex magistrados, Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, quien es investigado por su relación con la empresa española OHL, principal beneficiaria del sexenio de Enrique Peña Nieto. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó “hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a casos de la anterior administración con OHL
Nieto Castillo, al ser cuestionado sobre el caso del ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, reiteró se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de desvío y lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, descartó se le hayan congelado las cuentas, pues todavía están en el proceso de recuperación de información. De acuerdo a la UIF, se solicitó a seis países información sobre Romero Deschamps con el objetivo de lograr el congelamiento de sus cuentas. El ex líder petrolero presentó su renuncia luego de estar casi 30 años al frente de uno de los sindicatos más importantes del país y casi de manera inmediata se dieron a conocer las investigaciones en su contra.
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sigue prófugo pero su madre, Gilda Margarita Austin Solís, fue vinculada a proceso por su presunta participación en la trama de Odebrecht, y deberá responder ante acusaciones de asociación delictuosa y lavado de dinero equivalente a más de siete millones de pesos. El proceso penal lo enfrentará en prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud. Austin Solís fue detenida el 24 de junio en Alemania, tras la emisión de la ficha roja girada por la Interpol por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.
Por los mismos delitos son buscados también Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Pemex; y Gilda Susana Lozoya Austin, su hermana; y Nelly Aguilera, una empresaria de bienes raíces. De acuerdo a la causa penal 261/2019, Austin Solís habría recibido de su hijo Emilio dos depósitos por una suma de 7.4 millones de pesos entre 2010 y 2012. Dichos recursos salieron de una cuenta que la FGR relaciona con la recepción de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La única ex secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto presa es Rosario Robles Berlanga, quien el pasado 22 de octubre fue presentada ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el cual la vinculó a proceso el pasado martes 13 de agosto por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. Ese juez determinó de nueva cuenta la medida cautelar procedente en contra de Robles Berlanga, por lo cual la ex funcionaria de 63 años seguirá en prisión.
Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, está acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente desvío recursos públicos por 5.073 millones de pesos, unos 263 millones de dólares. Según la FGR, la ex funcionaria tuvo conocimiento de que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas “fantasma”. Se le acusa de no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente. La “estafa maestra” es el nombre de una investigación periodística realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada en 2017 y basada en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto del gobierno de Peña Nieto en 2013 y 2014.
Respecto a los ex gobernadores investigados por las autoridades federales y locales, destaca el caso de Javier Duarte, quien recientemente logró una victoria judicial pues un tribunal federal le concedió un amparo para dejar sin efecto la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada ante el proceso que se le sigue a nivel local por tráfico de influencias. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concluyeron el juez de control Júpiter López dicte una nueva resolución en la cual se funde y motive la razón por la que Duarte de Ochoa deba enfrentar los delitos imputados en prisión preventiva. Fue el 20 de mayo de 2018 cuando el juez de control Júpiter López determinó la vinculación a proceso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de peculado, tráfico de influencias, e incumplimiento del deber legal.
Otro gobernador bajo la lupa de las autoridades federales y estatales es César Duarte, ex mandatario priísta de Chihuahua, actualmente prófugo. Una reciente fotografía publicada en diversos medios lo ubicó en Ojos Locos Sports Cantina, en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, con uno de los abogados quien lo está ayudando con un trámite migratorio. El político prófugo de la justicia frecuenta un bar ubicado frente al hotel eligido como refugio. Duarte está acusado de desviar cantidades millonarias del presupuesto público durante su gestión como gobernador y pesan sobre él 21 órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito durante su administración de 2010 a 2016 en Chihuahua. En 2017 la justicia de Chihuahua emitió la primera orden de captura tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.
En cambio, Jorge Juan Torres López, quien fue gobernador interino de Coahuila durante el año 2011, fue entregado por la FGR al gobierno de Estados Unidos, requerido por la Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario. De acuerdo con las investigaciones, entre los años 2007 y 2011, presuntamente diseño y ejecutó diversos esquemas para hacerse de fondos públicos del gobierno de Coahuila a través de contratos falsos los cuales generaron pagos por sobornos realizados a favor del extraditado, por un monto cercano a los 8.8 millones de dólares, por lo cual podría alcanzar una pena de 70 años de prisión. Dichos fondos fueron lavados tanto en México como en los Estados Unidos.
Otro ex gobernador tras las rejas es Tomás Yarrington, preso en Estados Unidos, donde se le sigue un juicio por cinco delitos. Fue extraditado a ese país el 20 de abril de 2018, luego de pasar un año preso en Italia donde fue detenido, y casi cinco años prófugo desde que la Corte ordenó detenerlo en 2012. Su ex pareja sentimental, un prestanombres, un supuesto enlace con el narco y la esposa de un coacusado testificarán en EU en su contra. El gobierno estadounidense recopiló sus testimonios y los usará en el juicio agendado para enero de 2020.
De acuerdo con la Fiscalía, Sindy Chapa, quien tuvo tres hijos con Yarrington, testificará colaboró con el acusado para defraudar a varios bancos de EU en la obtención de préstamos. Además, Eduardo Rodríguez Berlanga, alias “La Conga”, confirmará fue prestanombres para la compra de varios ranchos de Yarrington en Tamaulipas, en operaciones realizadas por su coacusado Fernando Cano Martínez. Antonio Peña Argüelles, enlace del ex mandatario con el narco, también será testigo y “dará un panorama general de la corrupción y los presuntos pagos hechos al ex mandatario por diversos grupos criminales”. La ex esposa de Cano, Sonia de Pau, dirá al jurado tenían una empresa que usaba un sistema de contabilidad oculto, por el cual pasaron cientos de miles de dólares para compras del ex gobernador.
En el Poder Judicial del país, el iceberg de la corrupción se reveló cuando Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro meses después de confirmarse el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga sus cuentas bancarias por supuestas transferencias millonarias a Reino Unido y Estados Unidos, las cuales superan los 102 millones de pesos. La National Crime Agency del gobierno británico detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro Medina Mora por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas, los cuales le fueron depositados en los últimos dos años. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, dos millones 130 mil dólares. Esas transferencias superan los ingresos de Medina Mora desde su designación como ministro en 2015.
DE LOS PASILLOS
A pesar de la ola de violencia prevaleciente en todo el país, de la cual las recientes masacres como el de la familia LeBarón son la parte más visible a nivel internacional, y del fallido operativo conocido como “culiacanazo”, donde se evidenció la falta de estrategia eficiente para combatir a los organizaciones delincuencias en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no desviará su plan para combatirla, “al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas (…) Nosotros no vamos a seguir el camino trillado de siempre, en sus términos hablamos de un nuevo paradigma para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia que tiene como sustento atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, es decir que haya bienestar”. Mientras, la muerte tiene permiso en territorio mexicano…
Tal y como se lo adelantamos, surgió de la terna a) Rosario, b) Piedra; c) Ibarra el ombudsman del siguiente periodo. Su nombre Rosario Piedra Ibarra. Se recuerda que doña Rosario nombró a López Obrador guardián de su medalla “Belisario Domínguez”, ahora con el nombramiento de su hija tal vez decida pedírsela, lo cual significará su aceptación aún y cuando en ningún renglón se demuestre se ha investigado el paradero de su hijo desaparecido desde 1968.
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