Pablo Cabañas Díaz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha quedado lejos de desempeñar este papel. Su diseño no estuvo pensado para ese objetivo, ni tampoco los ministros han sabido utilizar estratégicamente su facultad de atracción para definir una agenda jurisdiccional que les permita construir una alianza con la ciudadanía.
El control constitucional en Europa y Estados Unidos, desde mediados del siglo pasado, se concibió como un instrumento básico para la construcción de un piso común de derechos del ciudadano. Los tribunales constitucionales que lograron desempeñar exitosamente esta tarea adquirieron, una popularidad hasta entonces desconocida.
Hasta ahora, la Corte, no ha logrado definir correctamente su papel en el proceso de consolidación de la democracia mexicana. Es un tribunal que ha puesto demasiada atención a los conflictos políticos y a los litigios de la élite y ha relegado a un segundo plano los asuntos que de verdad importan a la mayoría de los ciudadanos. Las decisiones de la Corte que se toman por una estrecha minoría y en donde existen varios votos concurrentes y disidentes sólo reflejan las distintas posiciones jurídicas e ideológicas de los miembros que lo integran.
El reto que tiene por delante nuestra Suprema Corte será el de pacificar los conflictos constitucionales, a la par de intentar que éstos no se sigan presentando en el futuro. En ello la Corte se juega su autoridad y legitimidad. El mecanismo para que la Corte desempeñe este papel son sus sentencias, las cuales deben ser claras, sólidas en términos jurídicos y persuasivas en términos argumentativos. Las decisiones divididas, la tensión entre lo que se dijo en la sesión y lo que dice la sentencia y la sospecha de negociación en lo oscurito inhiben esta es una función elemental de la justicia constitucional en un régimen democrático. La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte es un hecho inusitado, lleno de interrogantes, sobre la gravedad de los motivos que dieron paso a la renuncia, también ejemplifica la opacidad que todavía existe en nuestro sistema político en temas de evidente notoriedad pública.
