Pablo Cabañas Díaz.
La política exterior del gobierno de Enrique Peña Nieto se puede resumir en la frase: “México: actor con responsabilidad global”. ¿Por qué México se adjudicó una responsabilidad global? La actividad en la ONU fue bien recibida en el exterior y posiblemente el tema no interesó a la opinión pública en el país. Pero, ¿qué pasa cuando el multilateralismo toca valores problemáticos y “se mete” en casa? Esto sucedió en el escenario regional, que fue un ámbito mucho más complicado que el universal. México recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar ayuda en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero, y promovió la democracia en la OEA. En ambos casos, el gobierno consideró que la democracia y los derechos humanos eran valores universales que merecían ser defendidos en México y la región. La estrategia, sin embargo, le mereció la crítica interna e internacional. El gobierno apoyó y cuestionó al mismo tiempo los mecanismos multilaterales, y la opinión pública y los gobiernos extranjeros cuestionaron, a su vez, la política mexicana.
El ejemplo más ilustrativo sobre el vínculo entre el apoyo al multilateralismo y la política interna fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que coadyuvó a la investigación de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses comerciales en Iguala, Guerrero, al parecer para dirigirse a la Ciudad de México. Se cree que los estudiantes fueron atacados por policías coludidos con el cartel criminal Guerreros Unidos, y los entregaron a este último.
A decir de The New York Times, el gobierno mexicano solicitó la ayuda de la CIDH por presión de Amnistía Internacional, la Organización de Naciones Unidas y los representantes de las familias de los 43.El GIEI fue resultado de un acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado mexicano y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que funge como representante de los 43 estudiantes y sus familias para colaborar con la investigación. Se firmó en noviembre de 2014 y los objetivos que establecía eran el seguimiento a la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión; es decir, dar con el paradero de los estudiantes, proteger la vida e integridad de los heridos, adoptar medidas para los beneficiarios y sus representantes, y elaborar informes sobre las acciones que se adoptaran para investigar los hechos.
El trabajo del GIEI en México no fue fácil ni para el Grupo ni para el gobierno de Peña Nieto. El Grupo se quejó de que la administración peñista no le dio toda la evidencia que tenía sobre el caso y que las autoridades mexicanas habían hecho que su labor se dificultará más desde enero de 2016, cuando las diligencias, las respuestas a peticiones y la toma de declaraciones se hicieron mucho más lentas; hubo escaso interés en las nuevas líneas de investigación que proponía y no pudo investigar a funcionarios de alto nivel, especialmente del ejército, ni acceder a instalaciones clave.
