Por Mouris Salloum George*
Con independencia de las nuevas altas que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que contrasta en los primeros seis meses de 2019, es que 926 mil personas que se quedaron desempleadas en el periodo reclamaron el rembolso de sus cuotas al Sistema Nacional de Ahorros para el Retiro, administradas por Afore.
De entrada, el retiro de las aportaciones suma ya cinco mil 454 millones de pesos. Y contando.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocó en julio pasado en 3.7 por ciento el dato de desocupación laboral, respecto de la Población Económicamente Activa (PEA) total nacional.
La gran industria de devolución de impuestos
En los terrenos del Poder Judicial de la Federación, el próximo miércoles el pleno de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá en su agenda un expediente interesante. Las hermanas Mercedes y Beatriz Sánchez Navarro se desistieron de un recurso de amparo por el que reclamaban devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR).
La misma sala, en su sesión de la semana pasada, declaró infundado otro recurso de reclamación de María González de Cimedavilla y Roberto Álvarez Yate, quienes demandaban el reintegro de 640 millones de pesos.
Las personas citadas son ex accionistas del Grupo Modelo que hace seis años fue vendido a un corporativo cervecero estadunidense mediante una operación de Bolsa, maniobra urdida precisamente para evadir el pago del ISR.
20 mil 504 denuncias contra funcionarios federales
El asunto de la corrupción público-privada es tema abierto desde que, entre 2016 y 2017, investigaciones concluyeron que el costo de esa peste con cargo a los contribuyentes es de un billón de pesos al año.
En los anexos del primer informe de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública aportó datos en el sentido de que, del 1 de diciembre de 2018 y junio del año que corre, atendió 20 mil 504 denuncias contra funcionarios federales imputados por actos de corrupción o faltas administrativas.
Con base en esas denuncias fueron destituidos 103 servidores públicos y se han impuesto 123 multas por 674 millones de pesos en penalizaciones por huachicoleo e irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, suspendido por la nueva administración.
Desvíos en Baja California para financiar al PAN
En todos lados se cuecen habas: En el periodo de transición gubernamental en Baja California, el potencial secretario General de Gobierno presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional Electoral denuncia contra la administración saliente del panista Francisco Vega por el descuento de 2 por ciento de las remuneraciones a personal estatal que fueron destinados entre 2013 y 2019 al financiamiento del Partido Acción Nacional, que acaba de ser desplazado del poder el pasado mes de junio.
El PAN alega que esa acción es una represalia por la denuncia que desde hace un año hizo de las mentiras, corrupción y errores del empresario Jaime Bonilla, candidato triunfante de Morena en las elecciones de gobernador y quien pretende prolongar su mandato hasta 2024 cuando fue electo para un periodo de dos años.
En Quintana Roo, se capturó al fiscal de la FGR en ese estado, Enrique Pérez García, la subdelegada de esa dependencia, Bertha Reyes renunció a su encargo y acaba de ser cesado el delegado Javier Ocampo García; los tres implicados en actos de corrupción, extorsión y presuntos nexos con la delincuencia organizada.
En Guerrero, la Secretaría de Educación Pública abrió causa judicial a maestros y padres de familia a quienes se acusa de motín y sabotaje por tratar de impedir el inicio del ciclo escolar, exigiendo recursos para la rehabilitación de un plantel escolar.
En Sinaloa, 4 mil 265 desapariciones forzadas
Para ilustrar nuestro optimismo, la Fiscalía General de Sinaloa informa que, de 2007 a 2019, la cifra de desapariciones es de cuatro mil 265 personas. En Coahuila, mujeres que buscan a familiares desparecidos son amenazadas de muerte por agentes del Estado.
En Tabasco continúa la resistencia contra la denominada Ley garrote, por la que se pretende penalizar la protesta social.
Son, pues, muchas flores de fango las que adornan el territorio nacional, pero ninguna tan terrorífica como la matanza de 29 personas en un antro de Coatzacoalcos, Veracruz, incendiado por sicarios de bandas criminales en pugna. Lo de Michoacán es tema recurrente el de las matazones. ¿Para dónde cambiar la vista?
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
