Fernando Irala
Ideado como un globo sonda para experimentar las repercusiones sociales y políticas al tratar de prolongar un mandato constitucional en Baja California, la ola de rechazo tardó en levantarse pero al final resultó tan poderosa que canceló las posibilidades de aplicar la infamia.
Aún no se cierra el caso, e incluso sus protagonistas –los diputados que por algún motivo votaron alargar el periodo para el que fue electo el próximo gobernador—continúan con el proyecto de publicarlo y hacerlo ley, pese a la oposición de prácticamente toda la clase política mexicana.
Sin embargo, luego de la unánime condena nacional ha perdido importancia si la necedad persiste en el Congreso de Baja California, o si inesperadamente renaciera la prudencia y la compostura política.
A nivel local, aún está abierto el camino para que el recato se imponga y se deje sin efectos el despropósito formulado. Pero en caso de pretender completar el atraco, está claro que sería posible interponer recursos por diversas instancias federales, y que en la Federación, ni el Poder Judicial ni el Legislativo serían cómplices de la pandilla peninsular.
Si en el caso pudo advertirse un ensayo de alcances nacionales, es evidente que la jugarreta armada de manera tan sencilla y sin rubores ni resistencias en aquella entidad, muy difícilmente sería montable a nivel nacional.
Así que, como no hay mal que por bien no venga, es probable que la pillería frustrada sirva como una especie de vacuna que alerte a la ciudadanía de todo el país ante reales o supuestas pretensiones de permanecer en el cargo o instaurar la reelección en Mèxico.
La respuesta popular en este caso fue una especie de sentencia: ni se les ocurra.
