Norma Meraz
El primer día de de julio, día de festejo para los morenistas encabezados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al conmemorar un año de su triunfo electoral, no faltaron los aplausos de los “acarreados” en el Zócalo, la música y un “discurso-informe” de las acciónes y decisiones del gobierno federal durante los primeros seis meses del 2019.
Con una visión distinta del país, el nuevo régimen ha decidido atinadamente, combatir la corrupción que ya había tomado carta de naturalización en México. ¡Bravo por eso!
También ha tomado una serie de medidas como la de combatir el robo de combustibles; hacer compras consolidadas de medicamentos, cancelar los apoyos a las estancias infantiles –medidas que dieron origen a observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que AMLO calificó de absurdas–; bajar los sueldos a altos funcionarios; la cancelación del aeropuerto en Texcoco; recortes de personal –tope donde tope– en todas las oficinas gubernamentales, incluidos los medios de comunicación oficiales.
Estas y otras decisiones las traduce el Ejecutivo Federal en ahorros multimillonarios para el erario.
Con una prisa incontenible, el Presidente López Obrador quiere instrumentar tantas decisiones en acciones inmediatas que, sin duda, la premura lo hará cometer errores.
En el “informe” del primer día de julio López Obrador dio a conocer montos precisos de los recursos públicos ahorrados a la fecha.
Por cierto, esos millones de pesos ahorrados tendrán el destino que el Presidente “en ejercicio de sus atribuciones” decida.
La llamada “austeridad republicana” saldrá más cara de lo que se imaginan.
La corrupción la impunidad, el derroche y el gasto público desmedido –todos estos males atribuibles a los gobiernos anteriores– no se acaban de la noche a la mañana y por decreto, por más buenas intenciones que haya de terminar con ello.
El camino es largo, como largo fue el trecho que recorrió ese cáncer que alcanzó el zenit en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mencionar un caso en el que “lo barato cuesta caro” sería el tema del sargazo en las playas del Caribe mexicano.
Menudo problema tiene el gobierno federal con el retraso que lleva para afrontar la solución.
Desde el mes de abril, académicos y empresarios advirtieron al gobierno de López Obrador de la magnitud del problema, sin embargo, los mil millones de pesos que se requerían para instalar el sistema de “alerta temprana” no llegaron a tiempo.
Fue hasta el mes de mayo que el Presidente declaró: “le estamos pidiendo a la Secretaria de Marina que nos ayude, ellos tienen equipo, experiencia y se va a resolver este problema”.
De acuerdo con proyecciones satelitales se espera la llegada de 24 millones de metros cúbicos de sargazo para este año, lo cual rebasará la capacidad de reacción que hasta hoy ha desplegado el sector privado.
La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos informó que, de diciembre a marzo de este año, se registraron 15% menos de reservaciones a causa del sargazo, por lo que los hoteleros tuvieron que bajar sus tarifas para no perder mercado.
No olvidemos que México tiene 500 kilómetros de costa del Caribe y se están viendo muy afectados por esta crisis del sargazo.
El investigador titular de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos, en Quintana Roo, Eric Jordán, ha señalado que: “el sargazo se acumulará en grandes cantidades y ante su descomposición natural, implicará una catástrofe ambiental que modificará las condiciones actuales del Caribe Mexicano, pues al descomponerse esta alga, se convierte en un tóxico tan fuerte que puede causar la muerte”.
¿Qué tan caros nos saldrán los ahorros del gobierno?
¡Digamos la Verdad!
