El procurador Fiscal de Hacienda, Carlos Romero Aranda, hizo interesantes y simpáticas declaraciones. Advirtió enfocarán las baterías para los delincuentes defraudadores, para los conductores de Ferraris, los jugadores de Golf, sobre quienes acostumbran viajar cómodamente en helicópteros. “El defraudador fiscal es un delincuente de “cuello blanco” porque al final de cuentas la regla general es que son delincuentes profesionales o de negocios con alto estatus social o económico”, explicó Romero Aranda en su participación en el Primer Seminario de Corrupción y Lavado de Dinero en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Enfático sostuvo: “La encomienda que tenemos es llegar a las cabezas. Los cambios que propondremos tendrán el objeto de equiparar los delitos de defraudación fiscal con delincuencia organizada. Ese esquema de excepción nos va a permitir tener escuchas, hacer cateos y tener infiltrados. Buscamos seguir la huella del dinero y empezar a hacer investigación e inteligencia y poder ver a dónde llega el dinero”. Es obvio no habrá quien se oponga a tan entusiasta y responsable tarea, no si se está del lado del escritorio desde el cual no se reciben estos grandes beneficios tributarios.
La pregunta gira sobre el suelo parejo, se refiere a las denuncias presentadas por fraudes a empresas cuyos dueños son precisamente a los que el Fiscal se refiere. Uno de ellos, el propietario de Monex, de ese conglomerado de empresas expendedoras de tarjetas para compras de votos o receptoras de ahorros, o de promociones para inversiones, las cuales no solo tienen en entredicho la paga real de los impuestos sino están siendo señaladas por abusos y desaparición de dinero por cuentahabientes extranjeros.
Monex también se ha desempeñado como pagadora, se recuerda la participación del vástago de Emilio Gamboa Patrón en la operación de esta sociedad a la cual recurrió una extranjera de nombre Kathy Machir. El agente para atenderla fue Marcela Zavala Taylor, ejecutiva a la cual le transfirieron la responsabilidad de ver de manera directa las necesidades de 10 mil extranjeros habitando en un solo punto: San Miguel de Allende en Guanajuato.
El requerimiento inmediato a cubrir era el pago por la construcción de casas para los norteamericanos deseosos de avecindarse en este punto de la geografía mexicana. Zavala les venía presentando documentos falsos en donde detallaba depósitos y pagos. El fraude asciende a la cantidad de 40 millones de dólares los cuales supuestamente había depositado en 158 cuentas. Monex está procediendo como se puede esperar: les ofrece una cantidad menor a la de sus ahorros, solamente el 60 por ciento con la promesa de “aclararlo todo”. Para esta comunidad de jubilados extranjeros la actitud y los ofrecimientos de Monex están cargados de muy mala fe. Este escándalo ha rebasado fronteras y ha puesto bajo focos rojos la seguridad bancaria en México en donde, se ha visto y reportado, los fraudes financieros se han duplicado en los años recientes. Solamente en 2018, hubo 7.3 millones de quejas que involucraron 18.9 mil millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
“Desafortunadamente, este tipo de fraude se está volviendo más común”, aseguró Kevin Carr, fundador de la consultoría Finiden, en Washington D.C., y exrepresentante del Departamento del Tesoro estadounidense en México. “Las autoridades mexicanas tratan de perseguir los casos, pero frecuentemente no tienen éxito”, lamenta. Monex recurre a los comunicados en donde nada explica y se limita a señalar no quieren entorpecer las investigaciones que seguramente siguen a Marcela Zavala, hija del ex alcalde de San Miguel de Allende, Manuel Zavala, y de una texana quien se desempeñaba como agente inmobiliaria de Christie´s International Real Estate.
