CIUDAD DE MÉXICO, 24 de mayo (AlmomentoMX).- El número de empleados contratados por outsourcing o subcontratación supera los 56 millones de trabajadores a nivel global, según cifras de la World Employment Confederation. En México más de 3.5 millones de colaboradores laboran bajo este esquema, que tras seis años de haberse incluido en la Ley Federal del Trabajo continúa con desafíos para convertirse en una actividad que contribuye a formalizar el empleo en México.
“La subcontratación es una actividad que dota a las empresas flexibilidad para que se concentren en el desarrollo del negocio mientras un tercero apoya en la atracción de talento. Incluso, en algunos casos permite transitar de empleados informales a la formalidad. Sin embargo, para que este esquema impulse estos beneficios hay que aplicar con rigor el marco de la regulación vigente, estipulada en la Ley Federal del Trabajo en 2012”, señaló Héctor Márquez Pitol, Director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
La legislación mexicana describe al outsourcing como el régimen por el cual un patrón (denominado contratista) ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, en favor de un contratante, persona física o moral.
Antes de realizar una nueva reforma a este esquema -propone Márquez- se requiere un análisis profundo sobre la manera en que debe atenderse y regularse al sector. “Bajo ningún argumento podría hablarse de cancelar la subcontratación. Se trata de impulsar mecanismos, por la vía legal, para frenar malas prácticas, como son el registro de personal por honorarios, a través de cooperativas y sindicatos, o bien pagar al empleado por derechos de autor o inclusive a través de pólizas de seguros”, destacó.
Para dimensionar el impacto de la subcontratación, en México 61% de quienes son contratados bajo este esquema permanece en su empleo por un periodo mayor a tres meses. Pero para lograr que esta actividad se traduzca en formalización en el mercado de trabajo, “hay que cerrar la pinza” en la manera cómo se reporta el salario, y que las instituciones como IMSS, SAT y STPS trabajen de manera coordinada para identificar a las empresas que incurren en prácticas nocivas de subcontratación.
Héctor Márquez sugiere considerar las experiencias internacionales e incluso conocer la opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Expone que no se trata de modificar el nombre de esta actividad, porque ello no favorecerá una adecuada regulación, tal como sucedió con algunos países Latinoamericanos, quienes decidieron cambiar el término “outsourcing” por “prestadora de Servicios”.
Son varios los cambios que se requieren para frenar los ‘abusos’ en la subcontratación, añadió el directivo, y existen algunos avances. En la reforma laboral, de reciente aprobación, se adiciono una disposición en el artículo quinto, donde se establece “que no se puede encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados”. También se estableció que no se puede registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente percibe. Esto obliga a los empleadores a cumplir con los compromisos laborales y de seguridad social correspondientes.
Otra modificación importante, de acuerdo con Márquez Pitol, sería reglamentar a la empresa contratante, en especial, que registre a los trabajadores con el puesto, sueldo y prestaciones reales y que sobre la totalidad de los mismos se pague con recibos timbrados por el SAT.
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