El refrán es suficientemente claro: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Y bien harán en seguirlo muy puntualmente jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, los encargados de impartir justicia en el terreno laboral, en lo agrario, en cada punto en donde deba prevalecer el mandato de la Ley. Consejeros de la Judicatura aceleran sus actuaciones ante las observaciones presentadas por la Fiscalía General de la República advirtiendo la comisión de delitos por parte de estos impartidores.
Por ahora los reflectores y las actuaciones de Ley han recaído sobre el Magistrado III del Tribunal Unitario de la Ciudad de México, José Guadalupe Luna Altamirano, cuyos depósitos en las cuentas bancarias y los ingresos percibidos despertaron sospechas sobre su actuación y la recepción de cantidades que llegaron a sumar en bancos 13 millones de pesos más 633 mil dólares, cantidades muy superiores a los ingresos lícitos obtenidos.
El Ministro sostuvo que tales depósitos provenían de actividades lícitas e incluso de la venta de pasteles, empresa de la cual es propietaria su hija. Sin embargo, las investigaciones los llevaron a revisar sus determinaciones y sentencias en contra de las distintas mafias y encontraron la posibilidad de que vendiera favores a gente allegada a los Beltrán Leyva, al hijo de Joaquín Guzmán Loera y a la mismísima Sandra Beltrán, la Reina del Pacífico. Las indagaciones siguen su curso.
Pero no van a enfocarse solamente en quienes han tenido en sus manos expedientes de conocidos mafiosos, de capos de la droga, de las cabezas de la trata de blancas o del contrabando o de las bandas dedicadas al robo de vehículos, sino también sobre quienes se han enriquecido extraordinariamente ejerciendo solamente sus labores en juzgados y tribunales.
De ser así, la lista en Quintana Roo es larga y se inicia justo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, con la fortuna que acompaña a Fidel Villanueva y a varios de los magistrados coludidos con él. Propiedades y estilo de vida no correspondieron nunca a los ingresos percibidos por su trabajo. En la entidad es pública y notoria la corrupción existente en ese periodo, pero, por desgracia, esta práctica fue trasladada al presente.
La diferencia entre la forma de vida, la fortuna que acompaña a unos jueces y lo que otros poseen es mucha, pero en ninguno de los casos desaparece la corrupción. Ésta se huele, se percibe, está presente en cada acto, en cada trámite. Y ni que decir de lo que acontece en las mesas del Ministerio Público, el cajón de la derecha permanece abierto para los depósitos en efectivo para acelerar denuncias.
Y luego hay que darles su propina y pagarles los gastos a los investigadores y así sigue la cadena que llega a las altas sumas solicitadas por quienes portan toga. Es para Ripley que sigan en funciones magistrados con sendas investigaciones en su contra, con antecedentes públicos de falta de probidad, y más aún resulta inexplicable que sus homólogos no exijan su retiro a fin de no ver dañada la institución que representan. Ese silencio, los hace, quiéranlo o no, cómplices, ejecutores de las mismas prácticas. Y si a ello le agregamos la obediencia a mandatos del Ejecutivo, recomendaciones, expedientes guardados o escondidos por la paga recibida para no darles trámite, las sentencias de las que no obligan su ejecución, los ilícitos son incontables.
La limpia en el Poder Judicial se hace imprescindible si se desea establecer un auténtico Estado de Derecho. Si ya comenzó, ojalá no se detenga por nada ni por nadie.
